La justicia dictó pena de más de 14 años a un docente de artes en Cali, tras denuncias por abusos ocurridos entre 2014 y 2022.
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Por: redacción Vanguardia y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Un juez penal de conocimiento de Cali profirió una sentencia de 14 años y 4 meses de prisión contra José Fener Castaño Carmona, un docente de artes escénicas que fue hallado culpable de abusar sexualmente de nueve de sus alumnas entre los años 2014 y 2022.
La decisión judicial se tomó tras el análisis de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral, que evidenciaron cómo el profesor utilizó su rol de autoridad dentro de las clases para realizar insinuaciones de carácter íntimo y conductas indebidas hacia sus estudiantes.

Condena por delitos sexuales en la educación
El docente fue declarado responsable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual. La condena deberá ser cumplida en un establecimiento carcelario de la capital del Valle del Cauca. Según la Fiscalía, la investigación estableció que los hechos ocurrieron en medio de clases de actuación, en las que el profesor presionaba a las jóvenes bajo el argumento de estar desarrollando “ejercicios académicos”.
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El proceso judicial se inició en 2022, luego de que el colectivo estudiantil Tejiendo Fuego denunciara públicamente que los casos habían sido silenciados por la institución educativa, lo que impulsó a las estudiantes a presentar la denuncia formal.
Rutas de atención para las víctimas
La condena es de primera instancia, por lo que la defensa del procesado aún puede apelar. Entretanto, las autoridades hicieron un llamado a las víctimas de violencia sexual para denunciar.
En Colombia está habilitada la línea nacional 155, mientras que en Cali la Policía cuenta con la Patrulla Púrpura al número 318 8611522. También están disponibles la línea de la Fiscalía 122 desde celular, la línea 141 del ICBF y el contacto de la Casa Matria (310 516 2760), que ofrece orientación y activa rutas de protección.
Este caso se suma a los múltiples llamados de organizaciones sociales que insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia en entornos académicos y garantizar espacios seguros para estudiantes.
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