La mayoría lleva más de un año en la cárcel Rodeo I, sin acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. ¿Chantaje de la dictadura chavista de Maduro?
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Por: redacción El Colombiano y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Hasta el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera colombovenezolana llegaron este sábado los familiares de 38 colombianos detenidos hace más de un año, cada uno en extrañas circunstancias, por el régimen venezolano. El objetivo fue hacer un plantón con madres, padres, esposas, hijos y hermanos que están “luchando por la libertad de nuestros familiares retenidos ilegalmente en Venezuela (…) estamos unidos por un solo dolor”.
Desde el centro de Cúcuta, los familiares, vestidos de blanco, con globos, pitos y pancartas, caminaron hasta la frontera, donde se concentraron e intentaron hacer un bloqueo. “No sabemos qué más hacer”, dicen en los videos.
Pasado más de un año, han hecho casi todo: viajes infructuosos hasta Caracas, marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, protestas en el Congreso, huelgas, advertencias de encadenarse en edificios públicos, grupos en redes sociales, cadenas de oración y pedidos reiterados de una reunión con el presidente Gustavo Petro que no han sido atendidos. La insistencia y desesperación tienen asidero.
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Están convencidos —y así lo demuestra la evidencia hasta ahora— que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente y que son chivos expiatorios con los que la dictadura chavista negocia políticamente con Colombia y otros países, pues también hay presos de otras nacionalidades en la cárcel Rodeo I, en las afueras de Caracas.
En ese centro penitenciario se cometen abusos de autoridad y “posibles torturas”, según varias organizaciones de derechos humanos. La historia de cómo fueron detenidos es distinta en cada caso, pero tiene elementos en común: no hay un proceso o causa judicial abierta, no les permiten su derecho a la defensa, las comunicaciones con el exterior han sido contadas con una mano y todos fueron tratados como “paramilitares” en un programa de televisión por el número dos del régimen, el ministro Diosdado Cabello, sin mostrar ninguna prueba contundente.
La cercanía del gobierno Petro con el régimen de Maduro no ha servido para que los liberen pues ni siquiera el embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo, ha podido ingresar a la cárcel para conocer el estado de salud de los connacionales. Aunque la Cancillería, en cabeza de Rosa Villavicencio, ha anunciado algunas gestiones, lo cierto es que este asunto parece no ser una prioridad para el Gobierno empezando por el presidente Petro.
El mandatario condena con vehemencia las detenciones en otros conflictos, como el de la Franja de Gaza, pero no comenta públicamente ni una sola palabra de los colombianos que llevan más de un año en poder del chavismo. En privado, el Gobierno reconoce que son “detenciones arbitrarias” e incluso dice que el próximo 19 de octubre podrían ser liberados algunos de los detenidos, aunque no está muy claro ese escenario, según los familiares.
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Los 38 “secuestrados”
Son 35 hombres y tres mujeres los colombianos encarcelados por el régimen, pero se calcula que son más de 2.000 los detenidos en todo el país tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela, tras el fraude electoral en el que realmente ganó Edmundo González Urrutia en representación de la oposición comandada por María Corina Machado, recién laureada con el Premio Nobel de Paz.
Ante la presión internacional, la dictadura chavista, en medio de su desespero y actuar criminal, ordenó detener a cientos de personas arbitrariamente en las fronteras y otras regiones, bajo sospechas infundidas y con el objetivo de tener presos como moneda de cambio con países amigos y enemigos.
n septiembre de 2024, el cuestionado ministro Cabello dijo en su programa de televisión en vivo, con lista en mano, que “capturaron” a colombianos que querían desestabilizar al régimen con “acciones terroristas”. Al ser Colombia un país con exmilitares que pelean en otros conflictos como en Haití, Sudán o Ucrania, la primera conclusión es que se trataría de mercenarios.
Pero al indagar con sus familiares y según información reservada del propio gobierno colombiano, todo indica que no es así.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Geraldine Enciso, esposa de Danner Barajas, relató que él, un ayudante de construcción, viajó desde Facatativá (Cundinamarca) hasta el estado Cojedes, en Venezuela, para visitar a su madre, quien reside allí desde hace más de 20 años.
“Tenía cinco años que no la veía. Ahorramos para que pudiera viajar y lo hizo legalmente por la frontera en Arauca el 7 de septiembre (de 2024). Pasando el punto de migración, acompañado de un mototaxista, le dijeron que Danner estaba vinculado a una investigación para saber por qué motivos visitaba el país, pero que lo iban a soltar al siguiente día. No fue así”, dice Geraldine.
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Tras la insistencia de los familiares por su paradero, las autoridades venezolanas afirmaban desconocer que esa detención hubiera ocurrido, pero uno de los guardas les dijo que Danner estaba en Caracas. Pasaron ocho meses hasta que se pudieron comunicar con él telefónicamente por unos segundos. “Me dice que está detenido, que hiciéramos gestiones con el Gobierno, pero no pudimos hablar más”.
En julio volvieron a hablar y el tono cambió: “Estaba muy preocupado por la salud de su mamá y abuela, por las deudas y que ellos sabían que el único que podía negociar con ellos es el presidente Petro”.
La hermana de Arley Espitia, Lorena, también describe con angustia cómo fue la detención de su familiar. “Él está secuestrado desde el 13 de septiembre de 2024. Mi hermano viajó con una amiga venezolana y en el puente en Cúcuta la guardia le pidió sus documentos; llevaba todo al día, pero lo ingresaron a un cuarto para hacerle una entrevista y cuando salió no le devolvieron el pasaporte sino que se lo llevaron sin razón hasta Caracas. De ahí no volvimos a saber nada de él hasta octubre cuando el señor Diosdado Cabello mostró un organigrama en el que sale mi hermano acusado de ser un jefe paramilitar y terrorista”.
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