Por El Tiempo  y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l

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Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía presentó este miércoles a Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de un lujoso apartamento ubicado en el barrio Chicó de la capital del país. La fiscal anticorrupción a cargo del caso dijo que Roa al parecer traficó influencias desde la petrolera para beneficiar con un contrato a Juan Guillermo Mancera, quien le vendió el inmueble. Los cargos no fueron aceptados por el investigado.

Desde inicios de este año, el ente acusador indicó que llevaría a los estrados judiciales a Roa, exgerente del presidente campaña de Gustavo Petro en 2022, porque en la negociación de la vivienda ubicada en un noveno piso se habrían dado irregularidades. Específicamente, habría pedido a la empresa filial Hocol favorecer con un contrato de regasificadora al policía retirado Juan Guillermo Mancera.

«Es un tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol, y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento», dijo hace unas semanas Raúl González, fiscal delegado contra el Crimen Organizado.

Este escándalo, que se suma al de supuesta violación de topes, fue revelado hace varios meses por EL TIEMPO, que ha venido haciéndole seguimiento a las distintas actuaciones de la Fiscalía en este caso.

El abogado de Ricardo Roa es Juan David León, quien en la previa ha manifestado que derrumbará las pruebas que tiene la Fiscalía en este y el otro caso contra su cliente. Y es que el jueves el gerente de Ecopetrol tiene una segunda imputación, por la supuesta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Para el caso del apartamento 901, la fiscal designada es de la Dirección contra la Corrupción, que leerá cargos por supuesto tráfico de influencias.

Los detalles de la audiencia

La fiscal Agosto de 2024 y enero de 2025 usted, Ricardo Roa, en su calidad de servidor público, presidente de Ecopetrol, de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales.

La fiscal recordó que como miembro de la junta directiva de Hocol, Roa tenía funciones como la de participar en el nombramiento del gerente de dicha empresa. «Y usted, de manera indebida utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en Hocol», explicó la investigadora.

La decisión de Roa al parecer fue decirle a Rojas que adjudicara el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena a Gaxi ESP, empresa de la que es dueño Juan Guillermo Mancera. Una de las ocasiones en las que el procesado habría dado esa directriz fue el 20 de agosto de 2024 en un restaurante, donde fue a comer con el presidente de Hocol.

«La influencia ejercida por Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer intereses particulares del señor Mancera», y es que según la fiscal el presidente de Ecopetrol se benefició en la compra del apartamento de 901, el cual compró por 1.800 millones de pesos, cuando la suma en el mercado era de 2.727 millones de pesos, «con una diferencia del 34 por ciento, equivalentes a 927 millones de pesos».

Los pagos por cuotas y sin intereses al parecer se hicieron a la empresa Priscenton, a través de Innova Mercadeo, también de Mancera. De manera paralela, el negocio entre Hocol y el policía retirado seguía en pie. 

«La propuesta de Gaxi fue trasladada al área de nuevos negocios de Hocol, y presentada el 2 de enero de 2025 ante el comité de Hocol, en el que se autorizó proceder con la firma de un memorando de entendimiento. En este comité participó el señor Luis Enrique Rojas», explicó el ente acusador.

El negocio se frenó en abril de 2025 por petición de Ecopetrol a Hocol, debido a que se habían hecho nuevos requerimientos.

Los reparos de la defensa

• Juan David León cuestionó la exposición de la fiscal, y solicitó varias aclaraciones como si el supuesto tráfico se cometió como presidente de Ecopetrol o miembro de la junta directiva de Hocol. 
• Otra petición es que se aclara desde qué fecha Ricardo Roa hace parte de la junta de Hocol, y cómo era la participación de su cliente en esa organización. «Qué relevancia jurídico-penal tiene la adquisición de un apartamento de una manera lícita, con el pago de sus obligaciones, para poder llegar a establecer que eso es un hecho jurídicamente relevante. Comprar un apartamento es una conducta abiertamente neutral».
• Otra precisión elevada a la fiscal por parte de León es qué papel jugó Juan Guillermo Mancera en el negocio: si garante, intermediario o vendedor del inmueble. 
• ¿Desde cuándo venía gestionándose el proyecto Chuchupa-Ballenas?
• El proyecto con Hocol finalizó el 7 de abril de 2025. La duda de la defensa es si Ricardo Roa intervino para frenarlo. 

La fiscal respondió que en esta etapa del proceso penal no se hace un control a la imputación, como lo pretende la defensa, aunque hizo ciertas precisiones como que Roa usó sus cargos de poder para lograr el aparente beneficio para Mancera. «Obviamente la compra de un apartamento no es delito por sí sola, pero quien obtiene un beneficio en la adquisición de un apartamento y luego dentro de la posición de presidente de Ecopetrol quiere favorecer a quien lo benefició con la compraventa de un apartamento, eso sí lo hace delictivo«, dijo la investigadora.

No contento con la respuesta, León le solicitó al juez que evalúe no legalizar la imputación o tomarse un tiempo para examinar de fondo el caso.

La posición del juez y la respuesta de Roa

El juez de Garantías explicó que coincide con la defensa en el sentido de que no es un acto inmune a reparos, sino que debe cumplir ciertos requerimientos básicos. Y precisamente resaltó que eso hizo la fiscal en esta diligencia. 

«Por lo anterior, el despacho muy respetuoso de la solicitud elevada por el doctor León no la comparte. Ya será el juez de conocimiento quien de manera posterior en la audiencia de acusación entrará a verificar cada una de sus solicitudes», dijo el juez. En consecuencia, no accedió a suspender la imputación. 

Luego de que el juzgado declaró legal la imputación, Ricardo Roa manifestó: «su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente». Con esa decisión, la Fiscalía ahora tendrá un par de meses para elaborar el escrito de acusación, en el que tendrá que detallar con más argumentos el supuesto tráfico de influencias cometido.

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