Tribunal de Antioquia suspende efectos del decreto 182 de 2026 y frena traslados de usuarios entre EPS Auto judicial ordena detener reorganización del aseguramiento en salud mientras avanza acción popular.
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Por: redacción El Portafolio y elchiq.com https://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera cautelar los efectos del decreto 182 de 2026, norma expedida por el Gobierno Nacional que modificó el esquema de aseguramiento del sistema de salud y que, en su implementación, podría generar traslados obligatorios de millones de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS).Play Video
La decisión se adoptó dentro de una acción popular presentada contra la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se solicitó la protección de derechos colectivos relacionados con la salud, el acceso a los servicios públicos y la libre competencia.
El magistrado ponente Daniel Montero Betancur decretó una medida cautelar de urgencia, con el objetivo de evitar efectos que pudieran producirse durante el desarrollo del proceso judicial. El auto señala que las medidas cautelares buscan proteger provisionalmente derechos colectivos mientras se decide el fondo del litigio.
“Las medidas cautelares son instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que se estima amenazado o vulnerado”, señala el auto judicial.
El decreto que reorganiza el sistema
El decreto 182 de 2026 introdujo un nuevo modelo de aseguramiento basado en enfoques territorial y poblacional, mediante la modificación del Decreto 780 de 2016, que regula el sector salud en Colombia.
Según el tribunal, la norma crea un capítulo adicional en la regulación del aseguramiento y redefine las reglas de operación de las EPS en el país. El objetivo del Gobierno, de acuerdo con las consideraciones del decreto, era ordenar el funcionamiento del sistema y corregir fallas estructurales relacionadas con la fragmentación de afiliados, la escala poblacional de las EPS y la sostenibilidad financiera del sistema.
La regulación estableció criterios para determinar cuántas EPS pueden operar en cada territorio y qué condiciones deben cumplir para mantener su presencia en determinados municipios o departamentos.
Además, dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud debía actualizar el ámbito territorial de autorización de las entidades promotoras y que, una vez realizado este ajuste, el Ministerio de Salud y la Adres podrían asignar afiliados a las EPS que permanecieran operando en cada territorio.
En ese esquema, las EPS receptoras tendrían la obligación de aceptar los afiliados asignados para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud.
El proceso judicial se originó en la advertencia de que la aplicación del decreto podría generar traslados obligatorios de cerca de seis millones de afiliados entre EPS.
De acuerdo con el análisis presentado en la demanda, aproximadamente 2,6 millones de usuarios serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que ya concentra una de las mayores poblaciones afiliadas del sistema.
El demandante sostuvo que esos movimientos podrían afectar la capacidad institucional de la entidad receptora y, al mismo tiempo, alterar las condiciones de prestación del servicio de salud para los afiliados actuales.
La acción popular argumenta que la reorganización territorial del aseguramiento podría afectar el acceso a los servicios de salud y los derechos colectivos asociados al funcionamiento del sistema.
En ese contexto, el tribunal consideró que existían elementos suficientes para examinar la solicitud de medida cautelar mientras se analiza la legalidad de los efectos del decreto en el proceso principal.
Concentración del aseguramiento
Uno de los aspectos analizados por el tribunal fue el impacto territorial del nuevo esquema de operación de las EPS.
Según el material probatorio revisado en el expediente, la aplicación de los mecanismos previstos en el decreto podría llevar a que en 502 municipios del país solo opere una EPS como aseguradora en los regímenes contributivo y subsidiado.
El tribunal indicó que esa situación podría tener efectos sobre la estructura del sistema y sobre la libertad de elección de los afiliados dentro del sistema de salud.
“Una medida que concentra en una sola EPS la operación de ambos regímenes en 502 municipios trasciende una simple reordenación administrativa y proyecta efectos estructurales sobre el aseguramiento”, señala el auto judicial.
Crisis sobre la urgencia
La decisión cautelar se adoptó bajo el argumento de que los efectos del decreto ya habían comenzado a implementarse, lo que podría generar cambios inmediatos en la operación del sistema de salud.
El tribunal señaló que la publicación de la norma el 25 de febrero de 2026 dio inicio al proceso de reorganización del aseguramiento y a la evaluación de las EPS que continuarían operando en los territorios.
“De no concederse la medida se causaría un perjuicio irremediable o los efectos de la sentencia se tornarían nugatorios”, advierte la providencia al explicar la necesidad de adoptar la suspensión provisional.
En su análisis, el tribunal concluyó que permitir la aplicación plena del decreto durante el proceso podría producir transformaciones estructurales en la red de aseguramiento que serían difíciles de revertir posteriormente.
La suspensión del decreto tiene carácter provisional y se mantendrá mientras se decide el fondo de la acción popular, en la que se analizará si la reorganización del aseguramiento vulnera derechos colectivos relacionados con la salud y la prestación de servicios públicos.
El tribunal precisó que la adopción de la medida cautelar no constituye una decisión sobre la legalidad del decreto, sino una acción preventiva destinada a evitar posibles afectaciones mientras se desarrolla el proceso judicial.
“La decisión sobre la medida cautelar no implica un prejuzgamiento (…) es una medida preventiva y temporal basada en la apariencia del buen derecho”, concluye el auto.
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