En su concepto, que no es vinculante, el Ministerio Público pide sancionar también a la tesorera y a los auditores de la campaña. Topes electorales se habrían sobrepasado en más de $5.355 millones. El Colombiano
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Además de la violación de topes también se resaltó que se presentó por parte del dirigente de la petrolera más grande del país el ocultamiento de información sobre los gastos en la misma.
Con lo que la Procuraduría declaró a Roa, a María Lucy Soto, a Lucy Aydee Mogollón y a Juan Carlos Lemus responsables de las presuntas irregularidades detectadas.
¿Qué sucedió?
De acuerdo con la información entregada por la Procuraduría para el año en que Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, el tope de gastos permitido para la primera vuelta de la campaña se reajustó a $28.536.520.492, y para la segunda vuelta a $13.347.457.427, con lo que desde el Ministerio Público se resalta una serie de omisiones y ocultamientos.
Bajo esta premisa, la Procuraduría encontró que el valor de los gastos de la primera vuelta debe ajustarse, agregando la factura electrónica emitida por Caracol TV por $356 millones. Aunque corresponde a publicidad realizada en ese periodo, fue incluida en el informe de gastos de la segunda vuelta.
«Frente al tope de gastos de segunda vuelta no habría inconveniente en la medida que estos se reducen. No sucede lo mismo con los gastos de primera vuelta, cuyo valor se ve aumentado en el mismo valor de la factura y con ello el tope de gastos queda vulnerado», indicó la entidad en el informe emitido por El Tiempo.
Y a parte de la violación de topes, la Procuraduría resaltó que la otra falta que consideró probada fue el ocultamiento de los gastos de la celebración de la primera vuelta en el Movistar Arena, en Bogotá.
«Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena ascendió a $250.000.000, y no a $150.000.000 como fue informado al CNE. El saldo restante, de $100.000.000, fue pagado por ServiRed S.A.S», precisa la Procuraduría.