De los 12 diálogos con los actores armados, apenas hay 5 activos. Inseguridad jurídica es un problema.
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La “paz total”, el principal proyecto político del Gobierno Petro, atraviesa un camino espinoso por cuenta de disputas internas entre los grupos sentados en las mesas, confrontaciones políticas auspiciadas por el Jefe de Estado y un ambiente generalizado de violencia que cuestiona a los ciudadanos sobre su eficacia.
De los 12 diálogos para desescalar el conflicto, que la Casa de Nariño le ha prometido a Colombia, hay cinco activos, tres suspendidos, dos inactivos y dos en fase de acercamientos, de acuerdo con información de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp) y fuentes cercanas a esos procesosEntre los activos están los diálogos con las bandas urbanas del Valle de Aburrá y Quibdó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencia de la Segunda Marquetalia), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (disidencia de las Farc) y los Comuneros del Sur (disidencia del ELN).
De esos, llama la atención que los últimos tres son derivaciones de otros procesos que se estancaron por fracturas internas de los grupos ilegales, pero el Gobierno decidió continuar en la mesa con las facciones que se “independizaron”.
Las mesas de conversaciones suspendidas, en las que alguna de las partes denunció incumplimientos de la otra, son las del Estado Mayor Central de las Farc, el ELN y los excomandantes paramilitares.
Hay otras dos que no están suspendidas, pero las diferencias entre los actores han llegado a tal punto que su avance actual es casi nulo, por lo que están inactivas: la mesa con la Segunda Marquetalia, tras la fractura de su coalición y la partida de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico; y la mesa con las bandas de Buenaventura, en crisis desde que “los Espartanos” abandonaron las conversaciones.
Dos procesos todavía no superan la fase de acercamientos exploratorios y no han consolidado ceses al fuego, pese a que ya tienen voceros definidos: con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Contradicciones de las mesas
Las conversaciones con los grupos armados son la principal estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, pero a la fecha no han logrado consolidar la “paz total” que les prometió a sus electores.
Por el contrario, hay grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, que aprovecharon las treguas temporales con la Fuerza Pública para expandir sus fronteras territoriales, desatando enfrentamientos que generan desplazamientos y graves confinamientos en Chocó, Cauca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Arauca y Guaviare, según la Defensoría.
Estos pobres resultados en materia de seguridad tienen en entredicho la conveniencia del proyecto de “paz total”. El presidente Petro ha estrechado las manos en tarimas y se ha abrazado en ruedas de prensa con distintos voceros de las guerrillas, los paramilitares y las bandas, sin que la criminalidad disminuya en el país, lo que provoca cuestionamientos sobre si estas mesas de paz persiguen en realidad fines políticos y electorales, por encima de los asuntos de paz y convivencia.
El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana con las Farc (2012-16), se pronunció sobre el tema, refiriéndose al evento público del 21 de junio en Medellín, en el que Petro y su gabinete compartieron escenario con jefes de las bandas del Valle de Aburrá inmersos en el proceso de paz.
“Pertinente recuerdo en relación con los criminales en la tarima de la Alpujarra: iniciando su período, el gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento. Muy pronto lo dejó morir. Y nunca volvió a tocar el tema. Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas. Una cosa es desmovilizar. Otra el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Grave el ‘tarimazo’”, trinó.
A la escasa claridad en el norte de las conversaciones, se suman las constantes quejas de varias organizaciones participantes en las mesas sobre la supuesta falta de rigor del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, a quien señalan de estar muy ausente. Así lo han expresando tanto las bandas del Aburrá como los exjefes paramilitares.
Desde mayo rondan los rumores de su supuesta salida del cargo, lo que añade ruido a las conversaciones, y la oposición en el Congreso está pidiendo su salida.
En los últimos 60 días ha pedido dos incapacidades médicas, que en plena crisis de orden público no han caído bien en las negociaciones.
Otro de los obstáculos que tienen las mesas, en particular aquellas con grupos de carácter no político, es que todavía no existe un marco jurídico que permita su desmovilización colectiva, es decir, hay cinco procesos en el limbo.