El Ministerio de Justicia está trabajando en un proyecto de ley que sería presentado en la legislatura que arranca el domingo. La iniciativa genera expectativas por las dificultades que enfrentaría el Gobierno para su aprobación. ¿A quiénes beneficia?
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Por: redacción El Colombiano
El Ministerio de Justicia, en cabeza del exfiscal general Eduardo Montealegre, avanza en un proyecto de ley para lograr el desarme colectivo de las estructuras de crimen organizado de carácter no político que participan en las mesas de “paz total”, el cual contempla varios beneficios jurídicos, entre ellos, la posibilidad de pagar penas en prisiones de mínima seguridad y salir de la cárcel si ya cumplió cinco u ocho años de condena.
El texto que prepara Montealegre está en etapa de borrador y consultas. De hecho, fuentes le comentaron a este diario que un texto formal y consolidado no existe. “Aún no está construido, se tienen ideas y propuestas, pero nada definido, no hay nada escrito oficial”, explicaron.
Lo que se sabe hasta ahora es que aquellos cabecillas de grupos que cumplan con los requisitos de entrega de armas, dejar de delinquir y cooperación judicial, recibirán sentencias de cinco a ocho años de cárcel; pero si ya están presos y cumplieron parte de ese tiempo, podrían aspirar a una libertad condicional, incluso si tenían más años pendientes por pagar en la justicia ordinaria.
En el caso de los integrantes rasos (no cabecillas ni mandos medios), la condena podría ser de dos a cinco años, también con el beneficio de penas alternativas.
El proyecto de ley, tal cual está pensado hasta ahora, incorporaría elementos de la antigua Ley de Justicia y Paz de 2005, con la cual fueron juzgados los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
¿Qué grupos serían cobijados por la propuesta?
La norma modificada cobijaría a organizaciones como “la Oficina” y los combos del Valle de Aburrá; “los Shottas” y “los Espartanos”, de Buenaventura; “los Mexicanos”, “los Locos Yam”, “los RPS” y “los Zetas”, de Quibdó, que están diálogos con el Gobierno Nacional.
Los beneficios no solo abarcarían a esas bandas de crimen organizado tradicionales, sino también a los disidentes de antiguos procesos de paz de carácter político que continuaron en armas, como “Iván Márquez” y su Segunda Marquetalia, “Iván Mordisco” y el Estado Mayor Central de las Farc, y “Wálter Mendoza” con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
De igual manera, a las grandes estructuras narcotraficantes que, aunque no han consolidado una mesa de paz, sí han participado en acercamientos con el Gobierno, como el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y “los Pachenca” (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).
Inclusive, el proyecto incluye la suspensión de las órdenes de extradición contra los narcos que participen de las mesas.
En lo relacionado con los bienes de los integrantes de estas agrupaciones, el Gobierno pretende que el 65% del dinero y las cosas que entreguen al momento del desarme sea invertido en la reparación a las víctimas; el 20% en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco); y el 15% restante en proyectos productivos para los desmovilizados.
A nivel individual, la propuesta sugiere un aparte escandaloso: que un cabecilla podría conservar hasta el 12% de su fortuna, tras entregar el resto al Estado.
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