Este lunes 28 de julio se conocerá el fallo del juicio del siglo. El caso lleva 14 años. De ser hallado culpable sería el primer presidente condenado en la historia reciente de Colombia. En el juicio no apareció prueba reina.
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Por: redaccion El Colombiano y Elchiq.com
Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después: y en el caso de Colombia podría ser el próximo lunes 28 de julio cuando una juez de Bogotá decidirá si el expresidente Álvaro Uribe es responsable de cargos de presunta manipulación de testigos y fraude en proceso judicial.
Buena parte de la opinión pública está tan confundida que no sabe bien si a Uribe lo están enjuiciando por delitos de lesa humanidad o por comprar a un testigo.
Si bien hay una gran diferencia entre un delito y otro, en caso de ser condenado, para el expresidente Álvaro Uribe no dejaría de ser un duro golpe a su dignidad. Al fin y al cabo cualquier infracción a la ley es grave.
Y, por otro lado, para los detractores más vehementes del mandatario seguramente les dará igual de cual delito se trate con tal de ver detrás de las rejas a un hombre que se les ha convertido en obsesión.
No deja de ser paradójico que en un país como Colombia, marcado por uno de los más crueles conflictos armados, por las más feroces estructuras de crimen organizado y corrupción a gran escala, el juicio del siglo, tenga que ver con tratar de dilucidar si se usaron o no artimañas para conseguir un testimonio.
El caso podría poner tras las rejas no solo a un Presidente de Colombia, algo que nunca antes había ocurrido, sino además al presidente –según encuestas– más popular de los últimos 50 años.
Así comenzó
La historia del caso, a pesar de la maraña jurídica, no es complicada. En 2010, mientras Álvaro Uribe dejaba la Presidencia de la República, tras ocho años en ella; Iván Cepeda llegaba por primera vez a la Cámara de Representantes.
Antes de asumir como congresista, en febrero de 2009, Iván Cepeda viajó con Piedad Córdoba a Washington para entrevistar a Salvatore Mancuso, lo hizo en calidad de vocero del Movimiento de Víctimas. Pidieron también conversar con Juan Carlos ‘el tuso’ Sierra, otro paramilitar extraditado, que compartía dormitorio con Mancuso.
El dato es relevante porque Sierra reveló luego a medios de comunicación que lo habían buscado para ver si podía darles información que implicara a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago.
Incluso, durante el juicio este año, Sierra contó que Danilo Rueda –el excomisionado de paz de Petro que también estuvo en la gira– quedó de gestionar el asilo para la familia de Sierra en Suiza y Francia.
“Me dijeron que los contactara con algún allegado mío en Medellín para que le entregara los papeles que se necesitaban para gestionar el asilo y yo les puse una persona”. Pero que en últimas: “No se gestionó absolutamente nada porque, como le digo, seguro las expectativas de la reunión, de lo que ellos querían escuchar, no lo satisfizo”, dijo a la juez.
Salvatore Mancuso, al ser interrogado en el mismo juicio, básicamente lo confirmó. Contestó que “sí” le habían preguntado a Sierra por Uribe.
Ese punto ha salido a relucir en el proceso porque podría mostrar un modus operandi: buscar delincuentes en las cárceles que quieran tener beneficios a cambio de dar testimonio.
Es lo que ahora llaman lawfare, en español, guerra jurídica, que se usa como un arma para deslegitimar o neutralizar a un adversario político.
En este caso no era un enfrentamiento político más: se enfrentaban dos maneras opuestas de ver la realidad del país. Álvaro Uribe se había caracterizado por un gobierno de mano dura contra la guerrilla: en sus dos gobiernos les hizo la vida imposible. Las fuerzas militares pasaron de tener presencia en 158 municipios a más de 1.000. Reabrió más de 300 estaciones de Policía en zonas de guerrilla y creó batallones de alta montaña.
Debilitó a tal punto las Farc que por primera vez, en los últimos 50 años, cayeron cabecillas como Raúl Reyes, Iván Ríos y el Mono Jojoy, y en teoría les sustrajo, vía desmovilización, unos 18.000 miembros.
Mientras, del otro lado, estaba la senadora Piedad Córdoba, que había mostrado una gran cercanía con las Farc, como se pudo ver en los correos del computador de Raúl Reyes o con su participación clave en la entrega de los secuestrados de esa guerrilla.
Iván Cepeda, por su parte, le había tocado vivir buena parte de su infancia en el exilio, por la crítica situación de seguridad de su padre Manuel Cepeda Vargas, como dirigente del Partido Comunista y luego senador de la UP. Fue asesinado el 9 de agosto de 1994, menos de un mes después de haber asumido como senador, cuando Iván tenía 32 años.
El crimen fue ordenado por el paramilitar Carlos Castaño y ejecutado por dos suboficiales del Ejército que fueron condenados a 43 años de prisión. Un hombre tan querido en la izquierda que hasta una columna de las Farc fue bautizada con su nombre.
Iván Cepeda desde entonces ha dedicado buena parte de su vida al movimiento de víctimas del conflicto armado y su labor ha sido crucial para que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en crímenes sistemáticos contra líderes sociales y opositores.
El nudo del asunto
Ya como congresista, Iván Cepeda decide comenzar una campaña de visita en las cárceles, a mediados de 2011, con la justificación de evaluar las condiciones de los reclusos. En esas visitas aparecen los dos testigos claves en el proceso contra Álvaro Uribe: Pablo Hernán Sierra, alias ‘Pipintá’, en agosto, y este lo manda a hablar con Juan Guillermo Monsalve, en septiembre.
Cepeda entregó a la Fiscalía General esos testimonios y publicó una columna en El Tiempo titulada “La hacienda Guacharacas cuna del Bloque Metro”. Tres meses después de esa publicación, en ese mismo 2011, los hermanos Álvaro y Santiago Uribe demandaron por calumnia a Cepeda.
Hay un detalle importante: los testimonios de Monsalve y de ‘Pipintá’ apuntaban a que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe habían sido los “creadores del Bloque Metro” de los paramilitares, en la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, en San Roque (Antioquia).
Sin embargo, esa acusación en el transcurso del proceso se ha controvertido porque no concuerda el año que da Monsalve (principios de los 90), con el año de creación de ese Bloque (1997, según Justicia y Paz), fecha para la cual los Uribe ya no eran propietarios de la finca.
Adicionalmente, luego de que Santiago Uribe fue investigado por posible paramilitarismo durante casi veinte años, un juez lo absolvió en noviembre pasado.
En otras palabras, el supuesto delito que las denuncias iniciales de Cepeda le endilgaban a Uribe resultó no tener sustento.
La denuncia que había presentado Uribe contra Cepeda estuvo quieta en la Corte Suprema desde 2011 hasta 2018, cuando el magistrado José Luis Barceló le dio un vuelco radical y en un auto del 16 de febrero archiva la investigación contra Cepeda y conmina al magistrado que lleva la investigación contra Uribe para que rinda cuentas de sus avances.
Llama la atención que el auto de Barceló, en sus 218 páginas, no tiene una sola prueba contra Uribe, más allá de los testimonios de Monsalve y ‘Pipinta’, que como ya se dijo al cabo del tiempo se demostró que no tenían sustento.
Y por el contrario en ese mismo auto, en el que le cierran la investigación a Cepeda, se lee que Óscar Monsalve, el padre del testigo, dijo en la Corte que Iván Cepeda “nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina”.
En el auto también se refieren al extraño número de visitas de Cepeda a Monsalve en la cárcel, sin embargo la defensa de Cepeda “resaltó que no es cierto que lo haya visitado en 21 oportunidades, aunque es posible que exista ese número de solicitudes, pues a veces se cruzaban otras actividades. Lo cierto es que ha ido a verlo 9 veces, y siempre para tratar el tema de su seguridad”.
Dicho de otra manera, no solamente se repite que le ofrecen ayudas a la familia de Monsalve, como le habían ofrecido antes al ‘tuso’ Sierra, sino que en nueve visitas a un solo detenido no parece normal si lo que pretendía Cepeda, en su calidad de congresista, era hacer un diagnóstico sobre la situación en las cárceles.
Las movidas del magistrado Barceló, y no solo el auto, sorprendieron a muchos. Barceló, según la defensa de Uribe, decidió asignar la investigación de Uribe a su propio despacho sin seguir el procedimiento de reparto debido, y sobre todo cuestiona lo que considera una extraña “celeridad”: a las 8:30 del 22 de febrero llegó la investigación, a las 2:30 de la tarde ya la había asumido y rápidamente Barceló mandó a la investigadora a la Picota a entrevistar a Monsalve.
La defensa de Uribe también se ha quejado de que durante casi seis meses les ocultaron la existencia de la investigación. Y que no valieron tres derechos de petición que dirigieron a la Corte: en ninguna de las respuestas registró esa investigación contra el expresidente.
Pero lo más escandaloso fue la interceptación del celular del senador Álvaro Uribe sin permiso legal. Como se recordará, la orden de interceptar su número telefónico la dio “por error” Barceló el 7 de marzo. Ese episodio sería suficiente para tumbar cualquier proceso. Extrañamente en otro proceso que seguían contra un congresista del Chocó, Nilton Córdoba, pidieron interceptar el número telefónico que correspondía a Álvaro Uribe.
Tan flagrante fue el “error” que el 9 de marzo, cuando los técnicos encargados de escuchar las grabaciones comenzaron su tarea, de inmediato informaron que estaban escuchando a Uribe y no a Córdoba. Lo notificaron por correo electrónico y luego personalmente al magistrado auxiliar Iván Cortés.
No obstante, lo que resulta más extraño aún, la escucha ilegal no se suspendió de inmediato sino que siguieron escuchando a Uribe hasta el 4 de abril, prácticamente un mes. Hoy, varios funcionarios de la Corte tienen una investigación abierta por este caso.
¿Por qué el magistrado Barceló habría incurrido en tales irregularidades en el proceso? Es una pregunta que queda para la historia. Barceló, abogado de la Universidad Militar y con una larga trayectoria en la carrera judicial, llegó a ser magistrado auxiliar de la Corte Suprema y dio el salto a magistrado titular en 2011, algo poco común en ese entonces, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
No deja de llamar la atención que Barceló asumió como presidente de la Corte Suprema el 25 de enero del 2018 y tan solo 20 días después expidió el mencionado auto.
Recientemente desde la izquierda le han llovido críticas a Barceló porque asumió la defensa de Cielo Gnecco, matriarca del controvertido clan Gnecco, y madre del exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, investigado por corrupción. Para sus críticos, no le quedaba a un expresidente de la Corte Suprema asumir la defensa de una figura tan cuestionada.
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