Con las actividades delictivas habrían obtenido ganancias ilícitas superiores a los 2.000 millones de pesos anuales.
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Por: Extrategia Noticia y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La Fiscalía General de la Nación reveló una investigación que permitió desarticular una red que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para la mendicidad en parques y zonas concurridas de Medellín.
Entre las víctimas se encontraban menores de la etnia Embera Katío, algunos de apenas cinco años, obligados a acercarse a turistas nacionales y extranjeros para solicitar productos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales.
La ruta del dinero: hasta 180 millones de pesos al mes
El material probatorio expuso cómo los artículos recolectados eran revendidos en droguerías y otros comercios ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado.
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Según la investigación, la red obtenía ganancias que podían alcanzar los 180 millones de pesos mensuales, combinando la reventa de productos y el dinero entregado a los menores durante las jornadas de mendicidad, según lo informó la Fiscalía General de la Nación.
Ocho capturados e imputados ante juez de control de garantías
Ocho personas señaladas de pertenecer a esta estructura ilegal fueron llevadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
16 septiembre, 2025
Entre los judicializados figuran Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.
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Más de 900 casos atendidos y farmacias cerradas
Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, entidades que contribuyeron al restablecimiento de derechos de los menores en más de 900 casos ocurridos en los últimos dos años.
Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que habrían hecho parte de la cadena de comercialización de los productos obtenidos mediante la explotación de los niños indígenas.
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