Por: redacción El Colombiano y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!Dos contratos suscritos por Juan Carlos Sánchez, hermano del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, podrían estar bajo cuestionamiento jurídico al haber sido celebrados mientras su familiar ejerce la dirección de esa cartera desde el 19 de febrero del año pasado cuando fue nombrado en el cargo.
La controversia surge porque la Policía Nacional, entidad con la que firmó los contratos, hace parte del sector Defensa y se encuentra bajo la órbita de dirección y control del Ministerio.
El primer contrato fue suscrito con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional para ser ejecutado entre el 13 de febrero y el 17 de diciembre de 2025.
El valor del convenio fue de 60 millones de pesos, según documentos en poder de este diario. Juan Carlos Sánchez firmó el contrato de prestación de servicios con la brigadier general Olga Patricia Sánchez, como directora logística y financiera de la Policía.
El hermano del ministro fue contratado para prestar sus servicios profesionales de ingeniero y entre sus labores encomendadas estaba la planeación, estructuración y seguimiento de obras relacionadas con infraestructura de transporte y vías.
También prestó apoyo a la gestión mediante la realización de funciones administrativas en el Área de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura de la Policía. Asimismo, efectuó la gestión y asignación de requerimientos entre dependencias.
Aparte de ello, Juan Carlos Sánchez ejecutó actividades relacionadas con el acompañamiento y apoyo a la gestión en la supervisión de mantenimiento en instalaciones policiales. Esto incluye la revisión de documentación para la financiación de mantenimientos, la emisión de conceptos de viabilidad y la elaboración de respuestas a oficios de solicitud de acompañamiento por parte de unidades policiales en todo el país.
Una vez terminó ese contrato, el pasado 21 de enero de nuevo Juan Carlos Sánchez firmó un segundo contrato (todavía en ejecución) por 77 millones de pesos para prestar servicios profesionales, de nuevo como ingeniero civil, con la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional.
Este fue suscrito con el general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, director logístico y financiero de la Policía Nacional que reemplazó en el cargo a Olga Sánchez. El plazo de ejecución fue fijado en once meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
Expertos consultados dicen que estos dos contratos firmados, uno ya ejecutado y el otro en curso, podrían configurar una inhabilidad por parentesco en segundo grado de consanguinidad (hermanos), conforme al artículo 8, numeral 2, literal b de la Ley 80 de 1993, dado que el ministro de Defensa es el jefe del sector al que pertenece la Policía y, por tanto, superior jerárquico dentro de la estructura administrativa.
“La inhabilidad no es un simple conflicto de intereses: es una prohibición jurídica expresa para contratar. Si se confirma su configuración, el contrato sería absolutamente nulo, según el artículo 44 de la misma ley. En cuanto a responsabilidades, el principal riesgo penal recaería sobre el funcionario de la Policía que actuó como ordenador del gasto y firmó el contrato”, afirma el abogado con experiencia en distintas entidades.
Agregó que el artículo 408 del Código Penal sanciona al servidor público que intervenga en la celebración de un contrato con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Respecto del ministro, añadió, solo habría eventual responsabilidad si se demostrara intervención directa en la tramitación o celebración del contrato.
¿Qué responde el ministro Sánchez?
EL COLOMBIANO contactó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien por escrito respondió: “Mis hermanos se han hecho a pulso, tienen derecho al trabajo como cualquier colombiano, y no hay ningún conflicto de intereses o norma que se haya violado”.
Por su parte, su hermano Julio César Sánchez también respondió a este periódico y dijo que el ministro de Defensa no interfirió en los contratos suscritos con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.
Además, señaló que dichos procesos fueron tramitados por los funcionarios delegados con competencia expresa para ello, en cumplimiento de la norma que define claramente la delegación contractual en el sector Defensa.
Sánchez explica que la inhabilidad por parentesco, prevista en la Constitución y la Ley 80 de 1993, requiere la existencia de facultades decisorias o intervención directa en el proceso contractual.
En este caso, precisa, no hubo ejercicio de facultad decisoria del Ministro ni participación funcional alguna en la estructuración, evaluación, adjudicación o ejecución de los contratos mencionados.
“La contratación ordinaria en las unidades ejecutoras y dependencias del sector no se tramita directamente ante el Ministro, sino ante los ordenadores del gasto y delegatarios competentes. En el caso de los contratos mencionados: fueron tramitados por la dependencia competente de la Policía Nacional; la competencia contractual correspondió al ordenador del gasto o funcionario delegado; no existió intervención funcional del Ministro en la estructuración, evaluación, adjudicación o ejecución del contrato; no hubo ejercicio de facultad decisoria directa o indirecta”, afirmó Juan Carlos Sánchez a EL COLOMBIANO.
Más contratos en el gobierno Petro
Otros contratos de Juan Carlos Sánchez durante el gobierno del presidente Gustavo Petro: el 19 de diciembre de 2025 por $172.640.000 firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano, bajo la modalidad de contratación directa.
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