El militante del Centro Democrático argumentó que el propio sector político de Amaya habría contribuido a la situación actual. En particular, señaló al representante a la Cámara Wilmer Castellanos, a quien identificó como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo.
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Por redacción EFE y Elchiqhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
El exconcejal y representante electo por el Centro Democrático, señaló que el equipo político del gobernador tuvo un papel clave en la norma que hoy genera controversia por el aumento del impuesto
Daniel Briceño lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en medio del debate nacional por el aumento del avalúo catastral y su impacto en el impuesto predial.
A través de un pronunciamiento público, Briceño calificó de “cínica” la intervención de Amaya en la mesa de diálogo sobre catastro rural, donde el mandatario departamental había solicitado al Gobierno nacional corregir el procedimiento de actualización.
El militante del Centro Democrático argumentó que el propio sector político de Amaya habría contribuido a la situación actual. En particular, señaló al representante a la Cámara Wilmer Castellanos, a quien identificó como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo.
Según Briceño, esa normativa es la que hoy está detrás del incremento en el impuesto predial en distintas regiones del país. “Su equipo político contribuyó a esa crisis”, afirmó.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión por la implementación del catastro multipropósito y el aumento en los avalúos rurales, tema que ha generado protestas y mesas de concertación en varias zonas, incluyendo Boyacá.
Por su parte, Amaya ha defendido su postura señalando que el procedimiento aplicado fue equivocado y debe corregirse, insistiendo en que las medidas están afectando de manera desproporcionada a campesinos y pequeños propietarios.
El cruce de declaraciones evidencia las diferencias políticas frente a la responsabilidad en la formulación e implementación de las políticas públicas relacionadas con el catastro y la tributación rural, en un momento en que el debate sigue abierto a nivel nacional.
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