Por: redacción El Heraldo y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!El llamado a la desobediencia civil que realizó esta semana el excandidato presidencial Iván Cepeda ha sido objeto de críticas de parte de los diferentes sectores que lo consideran imprudente y temerario, al tiempo riesgoso y peligroso para el país. Sociólogos, politólogos y juristas consultados por EL HERALDO aseguran que, además, resulta confuso y prematuro dado el sensible contexto político que permea las calles e instituciones.
La figura, incluso con otros nombres, aparece dentro del marco jurídico colombiano, pero no hay claridad en los alcances de la misma, sobre todo en medio de una sociedad polarizada como la colombiana, con el agravante de que la está invocando un líder político oficialista aún, quien además será senador de la República.
“Debe quedar totalmente claro y definido que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU.”, advirtiendo que de lo contrario emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.
“La nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, aseveró Cepeda, porque para adquirirla se hace “un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia”. Agregó que “ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última”.
Cabe aclarar que la Constitución no contiene un artículo explícito que mencione textualmente la “desobediencia civil”, pero hay figuras que la fundamentan, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la participación política. Y los ejemplos más conocidos pueden ser las huelgas de hambre, los encadenamientos en instituciones públicas y privadas, entre otros.
En tiempos más recientes, el expresidente Álvaro Uribe, en mayo de 2016, convocó a una “resistencia civil” con “movilizaciones ciudadanas” en rechazo a los acuerdos de paz que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos adelantaba con las Farc en La Habana, argumentando que los diálogos otorgaban “impunidad total” a la guerrilla.
Contexto de polarización
Jorge Bolívar Berdugo, sociólogo, abogado, PHD en Filosofía y Ciencia Política, le dijo a EL HERALDO que la desobediencia civil “es el incumplimiento consciente, público y pacífico de determinadas normas o decisiones estatales, motivado por razones éticas, políticas o de conciencia, sin acudir a la violencia y buscando llamar la atención sobre una situación considerada injusta o ilegítima”.
No obstante, advirtió que “no aparece expresamente regulada como un mecanismo jurídico formal para desconocer elecciones, suspender autoridades o invalidar decisiones del Estado” y señala que “en términos prácticos, la convocatoria de desobediencia civil podría traducirse en movilizaciones, protestas, campañas de resistencia política, negativa simbólica a colaborar políticamente con determinadas medidas, actos de presión social no violentos”.
Según el experto, la polémica frente a la convocatoria de Cepeda se incrementa porque “en un contexto de alta polarización política es posible interpretar la declaración como un desconocimiento de los resultados electorales, una afectación a la estabilidad institucional o una posible incitación al desorden público”.
Consecuencias
En ese sentido, cabe también analizar las consecuencias para el mismo Cepeda, a quien le pueden venir “investigaciones penales si el llamado incita a desconocer abiertamente el orden constitucional, promueve bloqueos violentos, impulsa ataques contra autoridades, induce a impedir el funcionamiento institucional o termina generando alteraciones graves del orden público”.
En ese escenario, explica, podrían discutirse delitos como instigación para delinquir, asonada, perturbación del servicio público, obstrucción de vías o incluso conductas relacionadas con sedición, dependiendo de la gravedad y organización de los hechos: “Sin embargo, para ello se requeriría probar una relación concreta entre el discurso y actos ilegales específicos”.
Y podría traer “para el promotor consecuencias disciplinarias o éticas si el autor del llamado es servidor público, como por ejemplo un congresista, que Cepeda lo es: podrían surgir debates disciplinarios, investigaciones éticas, solicitudes de control político o denuncias ante organismos competentes”.
Por su parte, Luis Felipe Vega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló en EL HERALDO que “la figura que va a evolucionar y adquirir en la modernidad reciente una comprensión en el filósofo John Rawls, que es a la que está apelando Cepeda y es la que el columnista Luis Carlos Jacobsen plantea con precisión al decir que lo que se supone es realmente abrir un mecanismo de presión cuando los canales institucionales están agotados y lo que se preserva son decisiones políticas de carácter injusto, que el excandidato Cepeda percibe dentro del sistema liberal democrático como el único mecanismo que le queda para poder garantizar los derechos de oposición”.
¿Gabinete en la sombra?
Otra de las aristas que surgió en torno al llamado de Cepeda es la de la posibilidad de que el Pacto Histórico conforme un “gabinete en la sombra” para hacer seguimiento a las decisiones del gobierno de ADLE.
La propuesta fue planteada inicialmente por León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, quien consideró que la oposición debería organizar un equipo de técnicos y dirigentes políticos encargado de analizar las políticas del nuevo Gobierno y formular alternativas desde una perspectiva programática, con el propósito de elevar la calidad del debate democrático. En medio del mencionado debate, Valencia sostuvo que el actual momento político evidencia una transformación profunda en las formas de acción de la izquierda colombiana.
“Algo muy profundo ha cambiado en Colombia: en los años 60 y 70 del siglo pasado, la anomalía de la elección de un presidente que había jurado cumplir la Constitución de los Estados Unidos motivaba a la izquierda a convocar a la insurrección armada y a la creación de guerrillas; hoy la impulsa a llamar a la desobediencia civil pacífica”, afirmó.
La idea encontró respaldo incluso dentro del propio Gobierno saliente. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que el progresismo debe responder al nuevo escenario político desde las instituciones y el debate público, y no mediante la abstención o el retiro de la discusión nacional.
“Es actuando y no sustrayéndose del debate político, público y democrático, como se debe responder. El gobierno electo está inmerso en una ‘batalla cultural’ incluso durante el proceso de empalme. Lo hizo durante la campaña, pero para ellos la campaña no ha terminado. Solo hablan de revancha, odios y venganzas. Nosotros tenemos que responder con datos y hechos”, sostuvo.
De igual forma, la analista Sandra Borda aseguró que, aunque considera inconveniente que el actual arreglo constitucional permita que un presidente de la República tenga doble ciudadanía, cualquier modificación en esa materia debe hacerse a través de una reforma a las reglas vigentes y no mediante presiones al mandatario electo.
En ese sentido, cuestionó las advertencias de acudir a la desobediencia civil o desconocer su legitimidad como mandatario si no accede a la renuncia a su segunda nacionalidad: “Hacer oposición a punta de extorsión y desconociendo nuestra legalidad no me suma. No es ese el tipo de oposición constructiva que uno se está esperando de una persona como Iván Cepeda”.
“Eso es una forma de oposición desleal y que además se agota y se agota rápido. Sin contar con que, teniendo en cuenta al adversario, es una pésima estrategia de negociación”, anotó.
“Se declara en desobediencia, pero asumirá su curul como senador”
Cesar Niño, experto en seguridad, conflictos y derecho internacional, y profesor de la Universidad Militar, puso de presente EL HERALDO que “si bien Cepeda se declara en desobediencia civil, hay que tener en cuenta que el gobierno de Abelardo De la Espriella aún no comienza”.
En segundo lugar, advierte, “se declara en desobediencia civil durante el gobierno de Petro, y ahí empiezan unas contradicciones muy serias”. Añade el internacionalista que una contradicción en Cepeda tiene que ver con que “si no reconoce la legitimidad de un gobierno establecido, lo más curioso de todo esto es que va a asumir una curul como senador de la oposición, en contraposición con entender que, si fuera coherente la argumentación, pues renunciaría incluso a este tipo de figuras políticas, porque: ¿a quién se le va a oponer si no reconoce a su opositor como un actor legítimo en la contienda política?”.
Concluye por ello que la oposición “debería estar a la altura de las necesidades del país haciéndole un control político al gobierno en vez de estar torciendo la argumentación frente a la desobediencia, que es legal, pero que sería para usar en un caso de emergencia, que no es este”. Así mismo, el exministro Wilson Ruiz cuestionó el llamado a desobediencia civil por parte de Cepeda, asegurando que se trata de un “chantaje” tras una elección democrática. “Se trata de un acto de deslegitimación preventiva debido a que no está pidiendo respeto a la ley, está organizando el desconocimiento de la autoridad antes de que esa autoridad tome una sola decisión”.
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