El exministro del Interior de este gobierno se libró de la medida de aseguramiento gracias a una tutela.
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Por: redacción El Portafolio y elchiq.com https://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La Corte Suprema de Justicia anunció este jueves 6 de agosto que resolvió una tutela en el proceso de Luis Fernando Velasco, investigado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y con ello ordenó su libertad.
El exministro del Interior recibe esta decisión luego de que el alto tribunal concluyera que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá no podía imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía.
El proceso judicial contra Luis Fernando Velasco y los motivos de la decisión de la Corte Suprema
La decisión de la Corte Suprema se produjo varios meses después de que la justicia ordenara la primera detención preventiva de Luis Fernando Velasco. El 18 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro del Interior y contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dentro del proceso por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Meses después, la situación procesal de ambos comenzó a diferenciarse. Ricardo Bonilla recuperó su libertad por vencimiento de términos, mientras que la medida contra Velasco fue ratificada por el propio Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, al considerar que la decisión adoptada inicialmente se ajustaba al derecho y respondía a las necesidades de la investigación penal.
Sin embargo, el expediente llegó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de tutela. El caso quedó en manos del magistrado Hugo Quintero, integrante de la Sala Penal, quien revisó la legalidad de la medida de aseguramiento y concluyó que debía ser sustituida por una menos gravosa, ordenando la libertad del exministro un día antes de finalizar el Gobierno de Gustavo Petro.
En su decisión, el magistrado señaló que la propia Fiscalía había indicado en su momento que no contaba con pruebas que permitieran inferir un riesgo de fuga, de manipulación de testigos, de destrucción de evidencia o de cualquier otra conducta que justificara mantener a Velasco en un establecimiento carcelario. Además, destacó el arraigo familiar del exfuncionario, su comparecencia voluntaria al proceso y la ausencia de antecedentes judiciales.
La Corte también cuestionó la motivación empleada por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá para mantener la medida intramural. En el fallo se calificaron de «impertinentes» los argumentos relacionados con el supuesto impacto institucional de las prácticas investigadas y el riesgo para las instituciones del Estado, al considerar que excedían el análisis requerido para imponer una medida de aseguramiento más severa que la solicitada por la propia Fiscalía.
Sobre esto, el magistrado Hugo Quintero sostuvo que «estos argumentos resultaban impertinentes para sustentar la imposición de una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía, por desbordar el contenido del fin constitucional propuesto como meta a resguardar con la medida inicialmente solicitada».
Pese a ordenar su libertad, la Corte dejó claro que Luis Fernando Velasco continuará vinculado al proceso penal que se adelanta por el caso de corrupción de la UNGRD.
La relación de Luis Fernando Velasco con el caso de la UNGRD
Luis Fernando Velasco quedó vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD luego de que la Fiscalía lo señalara de haber tenido un papel en el presunto direccionamiento de recursos públicos para obtener apoyos políticos en el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro.
Su nombre apareció inicialmente en las diligencias contra los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lo mencionaron dentro del entramado investigado.
Con el avance de la investigación, la Fiscalía presentó acusación formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según el ente acusador, ambos habrían participado en un esquema mediante el cual se orientaron proyectos y contratos para favorecer a congresistas a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Los dos exministros han rechazado esas acusaciones y
De acuerdo con la Fiscalía, el supuesto entramado involucró la destinación de proyectos financiados con recursos de la UNGRD y del Invías, con un valor superior a $612.000 millones. La hipótesis del organismo investigador es que solo una parte de esos contratos llegó a ejecutarse, pero que el mecanismo buscaba asegurar mayorías para reformas impulsadas por el Ejecutivo. En la acusación de la Fiscalía, Velasco y Bonilla serían presuntos articuladores políticos de esa estrategia.
En desarrollo del proceso, la Corte Suprema reconoció como presuntas víctimas a la propia UNGRD, al Invías y a la Contraloría General de la República, decisión que permitió a esas entidades intervenir dentro del juicio. El caso avanzó así a la etapa judicial bajo competencia de la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de resolver la responsabilidad de los exministros.
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