De la Espriella enfrenta la expansión criminal heredada con una renovada agenda de seguridad basada en autoridad, coordinación institucional y acción ofensiva.
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!La seguridad de los colombianos ha empezado a recuperar un lugar central en la conducción del Estado. Las decisiones adoptadas durante esta semana por el presidente Abelardo De la Espriella ratifican un radical viraje frente al anterior gobierno que —por una determinación deliberada— subordinó la autoridad a un inexistente modelo de seguridad y a una fallida política de paz que fueron incapaces de contener la expansión criminal, garantizar derechos ciudadanos y preservar el control territorial. Ante tenebrosas estructuras armadas ilegales que asesinan, extorsionan y se disputan a sangre y fuego el control de economías ilícitas, la pasividad no era prudencia ni mucho menos una estrategia, sino una renuncia inaceptable.
Cerrar espacios al dominio criminal o retomar la soberanía estatal en áreas urbanas y rurales no resultará tarea sencilla ni rápida. Pero, sin duda alguna, la nueva agenda de seguridad nacional, sustentada en liderazgo, voluntad política, coordinación institucional y trabajo en equipo entre el nivel central, las autoridades locales y la fuerza pública ya está ofreciendo los primeros avances en la dirección correcta para dejar atrás la deshonrosa claudicación ante el crimen a la que nos tenía acostumbrados la pasada administración de Gustavo Petro.
El traslado de 20 integrantes de Los Pepes y Los Costeños desde la Penitenciaría de El Bosque constituye una respuesta directa a un reiterado clamor de Barranquilla. Durante demasiado tiempo, estos y otros peligrosos delincuentes mantuvieron desde prisión capacidad para intimidar comerciantes, impartir órdenes y administrar sus rentas ilegales. Sacarlos de sus zonas de influencia es un golpe inicial necesario, aunque insuficiente si no se acompaña de aislamiento efectivo, bloqueo permanente de sus comunicaciones y estricto control contra la corrupción carcelaria. Cambiar de celda a un criminal sin desmantelar sus redes apenas desplaza el problema. Lo sabemos de sobra porque aquí llevamos años dando vueltas en ese mismo carrusel.
La ofensiva anunciada ofrece, sin embargo, una visión más amplia. El Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, los cuerpos élite de fiscales, la articulación con jueces, la inteligencia financiera y la persecución del patrimonio de las mafias apuntan a desmontar estructuras con una hoja de ruta establecida, en vez de solo capturar a los ejecutores de turno. Esa integralidad en las acciones es decisiva porque detrás de quien cobra la extorsión hay una organización que amenaza, lava dinero, compra complicidades y disputa territorios.
También es acertado incorporar al ‘gota a gota’ y al despojo de tierras dentro de la agenda de seguridad en el Atlántico. Ambos delitos se nutren de la vulnerabilidad social y de la fragilidad institucional. Nuestro departamento ha sido históricamente un laboratorio de estas mafias. Combatirlas exige llegar hasta prestamistas ilegales, testaferros, funcionarios corruptos y redes criminales con margen de maniobra para manipular registros, escrituras o decisiones administrativas, con el único propósito de apropiarse de tierras o lotes ajenos.
Con un enfoque claramente ofensivo, la fuerza pública retomó la iniciativa con una serie de capturas, incautaciones y operaciones, entre ellas bombardeos, para debilitar economías criminales. La reactivación de las extradiciones completa el mensaje. El jefe de Estado ya ha firmado más de 30, luego de que, según la ex ministra de Justicia Ángela María Buitrago, el comisionado para la Paz objetara procesos sin tener competencia, ratificando que bajo la bandera de la paz total se interfirieron compromisos judiciales para favorecer a cabecillas que seguían delinquiendo. Ninguna mesa puede servir de salvoconducto para la impunidad.
De la Espriella acierta al cerrar esa puerta. Dialogar no puede significar suspender la justicia ni proteger a jefes criminales que conservan armas, territorios y rentas ilícitas. La paz exige sometimiento verificable, entrega de armas, reparación y cese del delito. Sin esos mínimos, la negociación se degrada en privilegio y el Estado termina premiando al que más amenaza.
Con cada nueva orden, el presidente reafirma su posición de un Estado comprometido con proteger al ciudadano y no a contemporizar con quienes viven de su miedo. Ahora debe traducirla en una reducción sostenida de homicidios y extorsiones, territorios recuperados y cadenas de mando criminal desmanteladas. La firmeza se mide por la capacidad de hacer cumplir la ley, pasando de los anuncios a los hechos e incorporando políticas públicas que fijen el rumbo a largo plazo, para que la promesa de tranquilidad pase a ser seguridad real.
El Heraldo