El Gobierno propone ajustar el protocolo de 2021 y permitir intervenciones individuales frente a actos violentos. Los gremios ponen sobre la mesa el impacto económico de los bloqueos.
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Por: redacción El Heraldo y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La protesta social vuelve al centro del debate nacional. El gobierno de Abelardo De la Espriella puso a consideración de la ciudadanía un proyecto de decreto que modifica las reglas bajo las cuales las autoridades deben actuar durante las manifestaciones públicas y plantea cambios en el protocolo establecido en 2021 para proteger el derecho a la protesta y regular el uso de la fuerza.
El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, todavía no es una norma vigente. Se trata de un borrador de 26 artículos que fue publicado para recibir observaciones ciudadanas hasta este domingo 4 de octubre.
La propia cartera señala que la iniciativa pretende actualizar el marco de actuación estatal, fortalecer la prevención y el diálogo y establecer reglas más precisas cuando durante una manifestación se presenten afectaciones al orden público o a los derechos de terceros.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a defender la propuesta y aseguró que el proyecto es respetuoso del derecho a la protesta y que cumplió el proceso de consulta previsto por la normativa.
“Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, señaló Lara al explicar la filosofía de la iniciativa.
El jefe de la cartera también marcó una diferencia entre las consecuencias propias de una movilización y las conductas que, según el Gobierno, requieren una intervención de las autoridades.
“El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, afirmó.
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con el momento en que la fuerza pública podría intervenir.
El Decreto 003 de 2021 estableció un protocolo que prioriza el diálogo, la mediación y la actuación progresiva de las autoridades frente a las manifestaciones. La nueva propuesta no elimina esos mecanismos, pero plantea que su existencia no necesariamente tenga que suspender una intervención individual contra quienes estén cometiendo actos violentos.
En otras palabras, el Gobierno plantea un modelo de protección simultánea: mantener abierto el diálogo con quienes participan pacíficamente en una movilización mientras la Policía actúa frente a las personas que estén incurriendo en determinadas conductas violentas.
El borrador establece que, frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación debe entenderse respecto de la manifestación en su conjunto, pero no como un requisito que obligue a esperar antes de intervenir individualmente contra quienes ejecuten esos actos.
El documento identifica una serie de situaciones que permitirían una actuación directa contra quienes las ejecuten.
Entre ellas están el porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; las agresiones contra terceros, funcionarios públicos, uniformados, misiones médicas o periodistas; y la destrucción de infraestructura pública o privada.
Cuando alguna de esas situaciones se presente desde el comienzo de una concentración o movilización, el proyecto establece que las autoridades deberán mantener los mecanismos de diálogo, pero podrán intervenir simultáneamente contra los responsables de las conductas violentas.
Otro de los cambios planteados es el acompañamiento permanente de la Policía durante las manifestaciones.
De acuerdo con el texto conocido, el dispositivo policial podría ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de la manifestación. El objetivo declarado es acompañar la movilización, proteger a los participantes y garantizar los derechos de quienes no hacen parte de ella.
Análisis de experto
El proyecto de decreto con el que el Gobierno busca reglamentar distintos aspectos relacionados con el derecho a la protesta en Colombia plantea un criterio de proporcionalidad para determinar cuándo puede intervenir el Estado y qué tipo de respuesta puede adoptar frente a una manifestación.
Así lo explicó Vicente Benítez, abogado y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, quien señaló que uno de los principales objetivos de la propuesta es hacer más previsibles tanto las circunstancias en las que puede producirse una intervención estatal como la intensidad de esa respuesta.
Según el académico, el proyecto parte de un principio desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional: ningún derecho fundamental es absoluto. En ese sentido, el derecho a la protesta puede entrar en tensión con otros derechos cuando el ejercicio de la manifestación genera afectaciones sobre ellos.
“Cuando un derecho fundamental, incluido el derecho a la protesta, afecte de manera desproporcionada otros derechos, pues ese derecho a la protesta tiene que ceder”, explicó Benítez.
El abogado señaló que la protesta social, por su propia naturaleza, puede generar algún nivel de afectación sobre actividades y derechos de terceros. Entre ellos mencionó el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, la vida, la salud, la educación y la libertad de empresa.
Sin embargo, aclaró que la existencia de una afectación no significa automáticamente que las autoridades estén habilitadas para utilizar la fuerza.
“Lo interesante del decreto” es que plantea distintos escenarios de protesta y, dependiendo de la intensidad con la que se afecten otros derechos, establece diferentes respuestas, explicó.
Bloqueos en el Caribe
Los bloqueos de vías se convirtieron en uno de los principales puntos de preocupación para el sector transportador y otros gremios de la economía, debido al impacto que tienen sobre el movimiento de mercancías, el abastecimiento y la operación de las empresas.
Durante el acto de instalación de su encuentro gremial, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, reveló que el sector cerró los últimos cuatro años con un registro de 2.841 bloqueos, hechos que, según las estimaciones presentadas por el gremio, representaron pérdidas económicas cercanas a los $12,7 billones.
La dirigente gremial puso especial énfasis en la concentración regional de estos hechos. Entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de agosto de 2026, cuatro de los cinco departamentos con mayor número de bloqueos pertenecieron a la región Caribe.
En ese periodo, Bolívar encabezó el listado, seguido por Atlántico, La Guajira, Córdoba y Valle del Cauca.
Para el sector transportador, el impacto de los bloqueos trasciende el tiempo durante el cual permanece cerrada una carretera. La interrupción de los corredores puede generar retrasos en las entregas, mayores costos logísticos y dificultades para garantizar el abastecimiento de diferentes productos.
Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, se refirió precisamente al proyecto de decreto que busca establecer nuevas reglas frente a la protesta social y los bloqueos de vías, iniciativa que, según sostuvo, podría contribuir a atender situaciones en las que se encuentre comprometido el transporte de alimentos.
“Esta iniciativa permitiría garantizar corredores para el transporte de alimentos y atender situaciones humanitarias”, detalló Moreno.
Los efectos de los bloqueos también fueron señalados por Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, quien llamó la atención sobre las interrupciones que se presentan en los accesos a los puertos y el tiempo requerido para normalizar posteriormente las operaciones.
Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, aseguró que la actividad enfrenta barreras fiscales, energéticas, comerciales, portuarias y logísticas, y alertó sobre el efecto que un incremento de los fletes puede tener sobre negocios pactados bajo precios internacionales.
“Hoy el bloqueo es al carbón, mañana va a ser a todos los productos colombianos. Pedimos al Gobierno cambiar el enfoque hacia una mayor diversificación productiva y recuperar la competitividad exportadora”, puntualizó.
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