Del Pacto de Ralito al Pacto de Valledupar

Las autoridades y la Fiscalía no pueden echar en saco roto estas denuncias. La verdad tiene que salir a la luz.

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La Fiscalía no puede echar en saco roto las denuncias sobre la presunta presión del gobierno de izquierda para dar un golpe de opinión y cambiar el rumbo de las elecciones.

Cuando no nos alcanzamos a recuperar de un escándalo, surge otro. Viendo y oyendo las denuncias de los últimos días de Angie Rodríguez, ex mano derecha de Gustavo Petro, y del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre cómo el gobierno de izquierda habría tratado de enlodar a destacados opositores en los meses previos a la campaña electoral, para favorecer a su candidato, el país vuelve a recordar otro pacto secreto ocurrido hace 25 años. La historia parece repetirse.

Se trató del Pacto de Ralito, un acuerdo ilegal entre los principales jefes paramilitares de la época y dirigentes políticos, firmado en julio de 2001 en Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, Córdoba. Allí, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, alias Don Berna y Diego Vecino— se reunieron en secreto con congresistas, gobernadores y alcaldes de la región, con el fin de ampliar la influencia de esas organizaciones a cambio de respaldo político.

Cuando era congresista, Petro fue uno de los que más denunció las alianzas de los paramilitares con la clase política, y eso le dio mayor visibilidad en su carrera hacia los más altos cargos, hasta la Presidencia. Pero, paradójicamente, al asumir el poder no persiguió a estos criminales; por el contrario, según las denuncias, los habría beneficiado e intentado acuerdos con ellos para incidir en el proceso electoral y perjudicar a la oposición.

Así se desprendería de varios hechos registrados durante su gobierno: jefes de estas organizaciones criminales fueron nombrados gestores de paz y se les habrían prometido alivios de penas; el llamado Pacto de la Picota, en el que el hermano del presidente, junto con Danilo Rueda —luego nombrado comisionado de Paz—, habrían visitado cárceles en busca de apoyos para las elecciones; y el tarimazo de Medellín, en el que el entonces mandatario apareció en una tarima con personas señaladas de integrar estructuras criminales que azotaban la ciudad.

El otro capítulo de estas alianzas lo reveló el periodista Melquisedec Torres en una columna publicada en EL COLOMBIANO. Según su versión, entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, en el hotel El Bosque de Valledupar, bajo estrictas medidas de seguridad y con restricción para la prensa, el gobierno Petro reunió a la mayoría de los 16 jefes paramilitares nombrados gestores de paz, con el propósito declarado de cerrar el proceso de negociación con esas organizaciones —iniciado en 2003, en el gobierno de Uribe— y avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las masacres que cometieron.

Al encuentro asistieron, por el gobierno, Angie Rodríguez, encargada de la logística; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el gerente de RTVC, Hollman Morris, cuya entidad transmitiría los anuncios de los jefes paramilitares. Como voceros designados de los exparamilitares figuraban Saúl Alfonso Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.

Según Benedetti, esos gestores de paz revelarían una verdad capaz de asombrar a Colombia, a la clase política, al establecimiento y a los candidatos. ¿Cuál era esa verdad? El episodio, desconocido para la opinión pública, salió a la luz con las denuncias de Angie Rodríguez, quien respaldó la información de Torres y afirmó que Petro le ordenó pedir a los jefes paramilitares que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe, contra Germán Vargas Lleras y contra el entonces aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, que empezaba a tomar impulso entre los electores.

Aunque Petro ha negado en varios trinos estos hechos y sostiene que son un invento de Rodríguez, han surgido nuevas declaraciones que alimentan las dudas sobre el encuentro. Mancuso corroboró la versión y aseguró que ninguno de los excomandantes aceptó la propuesta del gobierno; además, se conocieron unos audios atribuidos a De Currea-Lugo en los que pide a Mancuso una entrevista para “producir un golpe de opinión muy grande, que sea significativo para que esto cambie”, y agrega: “sin eso vamos a perder, hermano”. La pregunta queda planteada: ¿cuál era el golpe de opinión que buscaban para no perder las elecciones?

Esta semana se conoció una carta de 11 exjefes paramilitares que niegan el llamado pacto de Valledupar y afirman respaldar únicamente el documento oficial surgido tras la reunión, en el que se comprometen con la verdad, la justicia y la reparación y con el cierre del proceso de paz iniciado en el gobierno de Uribe.

Lo cierto es que, tras la reunión de Valledupar, no hubo mayores avances con esas estructuras, y las razones de esa parálisis no se han explicado de manera suficiente. Las autoridades y la Fiscalía no pueden echar en saco roto estas denuncias. La verdad tiene que salir a la luz.

El Colombiano