Medidas de ajuste e ingresos del Gobierno anticipan duro debate en el Congreso
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Por: redacción El Heraldo y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Pese a que el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella cuenta con claras mayorías en el Congreso, no pocos parlamentarios de la coalición oficialista han expresado cuanto menos su preocupación por algunos de los puntos que trae la Ley de Rescate, como los impopulares impuestos a la canasta básica familiar, sobre todo de cara a una elección territorial prevista para el año entrante.
Esta ley ha desatado una fuerte tensión en el Legislativo porque, aunque la mayoría de las bancadas apoyan la idea de “apretarse el cinturón” y reducir los gastos del Estado, el componente tributario genera voces encontradas.
Las medidas más debatidas
Entre las medidas que más han sido comentadas por los distintos sectores políticos están el aumento del IVA a la medicina prepagada y pólizas de salud, ya que el proyecto contempla eliminar la tarifa diferencial y aumentar el IVA del 5 % al 19 % para los planes de medicina prepagada, lo que legisladores de diversa ideología consideran un golpe directo al bolsillo de las familias y un desincentivo para aliviar la carga del sistema público de salud.
La Ley de Rescate y el pulso para atender la crisis fiscal
Otro asunto que ha salido a relucir en los debates políticos al respecto en las redes sociales es el impuesto de renta para más personas, que pone a pagar una tarifa del 9 % a personas con ingresos mensuales de entre $3 y $4,7 millones y que antes estaban exentas o bajo el umbral mínimo. Y también se reduce el tope de las rentas laborales exentas de $41 millones a $32,9 millones anuales.
Así mismo, ha llamado la atención la tarifa plena de IVA del 19 % a productos básicos e insumos, debido a que la iniciativa plantea que ciertos bienes que gozaban de exenciones o tarifas preferenciales pasen a tributar la tarifa general del 19 %. La polémica se centra en la inclusión de insumos agrícolas, frutas, café, chocolate, azúcar, pastas, además de tecnología de bajo costo como computadores, tabletas y celulares.
La eliminación de beneficios por dependientes es igualmente motivo de discusión, porque el articulado elimina la posibilidad de que los trabajadores apliquen deducciones fiscales o beneficios adicionales por sus dependientes, es decir hijos o familiares a cargo, al momento de declarar el impuesto de renta, lo que eleva el impuesto neto que terminarán pagando las familias.
Del mismo modo, causan expectativa entre las bancadas las facultades extraordinarias para reestructurar el Estado, a raíz de que para lograr el recorte estatal del 20 % en funcionamiento y reducir el tamaño del Estado en un 15 %, el proyecto solicita otorgar facultades extraordinarias al presidente para fusionar, suprimir o escindir ministerios, agencias y superintendencias.
El aumento del IVA a licores, de igual forma, suscita interrogantes, ya que se propone elevar el IVA de los licores del 5 % al 19 %, lo que ha despertado las alarmas de varios gobernadores y congresistas regionales, quienes argumentan que la medida afectará de gravedad las finanzas y los monopolios de los departamentos, reduciendo recursos clave destinados a la salud y la educación regional.
Es por culpa de Petro
El senador Julio César Triana, de Cambio Radical, le dijo a EL HERALDO que “lo primero que hay que advertir es que una cosa era una reforma tributaria en el gobierno Petro y otra es una reforma tributaria en el gobierno de Abelardo De la Espriella. En el gobierno Petro, las reformas tributarias se utilizaban para el despilfarro, para la corrupción, para la ineficiencia. En el gobierno Petro se presentaban reformas tributarias que no tenían norte ni tenían como fin atender graves problemas del Estado, sino todo lo contrario, seguir en un Estado ineficiente”.
En cambio, explicó el legislador oficialista, “en este gobierno la reforma tributaria tiene como fin atender, primero, una crisis financiera que es la más importante en los últimos 30 años justamente por culpa del gobierno saliente, pero también se tramitará esta reforma tributaria en medio de la urgencia por cuenta del terremoto”.
“Toda la validez para la discusión y todo el interés del Congreso de Colombia en acompañar la discusión y sacar la mejor ley que se convierta en herramientas para salvar financieramente este país”, agregó.
Advirtió que se suman al capítulo que tenga que ver con el recorte del gasto: “Se hace necesario ya reducir el Estado colombiano, cerrar algunas embajadas, algunos consulados y, por supuesto, acabar con la vagabundería de cientos de miles de contratos de prestación de servicios implementados en el gobierno anterior para que fueran operadores políticos y seguidores políticos”.
Y concluyó que “esta ley presenta unos beneficios para mejorar la inversión en Colombia, que deben recibir todo el apoyo del Congreso, ya que un país que tenga mayor inversión siempre tendrá mayor empleo y mayor dinamismo en la economía”.
Hay que achicar el gasto
El senador Antonio Correa, de La U, comentó en EL HERALDO: “Hay varias cosas que leyendo ya el articulado nos dejan una preocupación, entre estas que se grava a la canasta familiar, lo que perjudica a los estratos 1, 2 y 3. Por supuesto, a las empresas les bajan la renta, 33 % en el 2027, 6 % desde el 2028. Al patrimonio le suben el umbral de 25.500 UVT, como 4.700 millones de pesos, frente a los $2.000 millones de las leyes anteriores. Y los que trabajan por salario les limitan la cesión laboral al 25 %. El Gobierno ha dicho que el esfuerzo, que es alrededor del 70 %, lo asume el Estado”.
Agregó por ello: “Vamos a revisar rubro por rubro, porque lo que nos hemos dado cuenta es que es una medida necesaria la de achicar el gasto de funcionamiento del Estado, pero recordemos que detrás de cada contrato de prestación de servicios hay una persona, hay una familia”.
El IVA es regresivo
La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad, señaló que “los recaudos más grandes de la propuesta de reforma tributaria recaen en impuestos regresivos como el IVA, ampliando la base gravable de este impuesto que es altamente regresivo, es decir que grava de igual manera a una persona de estrato medio que de estrato alto”.
Y el otro gran porcentaje, cuestionó, “proviene del aumento de las cotizaciones de los trabajadores, dependientes e independientes, es decir que serán impuestos al trabajo e impuestos al consumo la principal fuente de financiación”.
Las bancadas se reunirán en breve
Dos de las principales colectividades se reunirán la próxima semana para discutir la Ley de Rescate. El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, ‘trinó’: “Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el Gobierno. El próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria del Centro Democrático a las 12 del día”.
A su vez, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, le dijo a EL HERALDO que la próxima semana se reunirá la bancada azul con expertos para fijar posicines en torno al proyecto de ley.
Los cinco ejes del proyecto radicado en la Cámara esta semana
La Ley de Rescate tiene cinco ejes principales: el primero es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento. El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos.
El segundo eje es el rescate social, que propone devolver el IVA a los 19 millones de colombianos de menores ingresos. Los hogares beneficiarios recibirían en promedio 213.000 pesos mensuales.
El tercer pilar está relacionado con el rescate del sistema de salud mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiación para garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios. El Gobierno plantea destinar 30 billones de pesos durante los cuatro años de su gestión a la recuperación del sector.
El cuarto componente busca impulsar la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga tributaria empresarial. La iniciativa propone bajar la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de establecer incentivos para las compañías que realicen grandes inversiones en el país.
Y el quinto eje de la ley contempla todo lo relacionado con las medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de recortar gastos considerados innecesarios y reducir la burocracia estatal.