El Ministerio de Hacienda explica que el recorte del gasto público irá de aquí hasta el 2030. Sumaría $90 billones.
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Por: redacción El Colombiano y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
El Gobierno De la Espriella insiste en explicar el paquete de medidas para reducir el gasto público y ajustar las finanzas del Estado, mientras se define el rumbo de la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que la administración comenzará por recortar sus propios gastos y planteó un ajuste equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB), esto se traduce en $27 billones.
¿La fórmula? El apretón contempla inicialmente $8 billones menos en gastos de funcionamiento y transferencias sin control. A esto se sumarían otros $11 billones mediante una reducción del 20% en los gastos de personal.
A su vez, el plan establece una disminución de $4 billones en burocracia, acompañada de un recorte del 50% en los contratos por prestación de servicios. Por otra parte, el Gobierno espera obtener más de $4 billones mediante la venta de activos improductivos.
Ayer, durante su participación en la Asamblea General de Anif, centro de pensamiento económico, el ministro confirmó que ya se realizaron recortes por $13,8 billones y habrá más ajustes antes de que termine el año. Añadió que esa tarea también exige una revisión de los resultados que entregan las entidades y los programas financiados con recursos públicos.
Números más ambiciosos
El jefe de la cartera económica detalló que el Gobierno De la Espriella plantea recortar $90 billones del gasto público a 2030, equivalente a una reducción de 4,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La composición de la meta fiscal contempla tres fuentes principales. El 54% del ajuste provendría de un mayor recaudo tributario y de aportes, mediante la reorganización de impuestos y la eliminación de beneficios tributarios.
Otro 35% correspondería a recortes directos del gasto público, mientras que el 11% restante dependería de un mayor crecimiento económico asociado a la atracción de inversión privada.
Esta distribución muestra que la Operación Rescate, además de reducir el presupuesto de las entidades estatales, también pretende modificar impuestos y mecanismos para impulsar la actividad económica desde el sector privado.
Uno de los componentes planteados es la reorganización del IVA. La propuesta contempla aplicar la tarifa general del 19% a insumos y consumo, acompañada de un mecanismo tecnológico de devolución directa del impuesto para los hogares de menores ingresos, específicamente los pertenecientes a los deciles uno, dos y tres.
La iniciativa busca ampliar el recaudo sin trasladar de manera permanente toda la carga tributaria a los sectores de menores ingresos. Sin embargo, su aplicación dependerá del diseño de los mecanismos de compensación y de las disposiciones que finalmente se adopten.
Venta de 68.000 activos
La estrategia estima una operación de venta de activos estatales. Gómez planteó comercializar cerca de 68.000 bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre ellos inmuebles, terrenos y vehículos.
El propósito es que el 100% de los recursos obtenidos por estas operaciones se destine a prepagar deuda pública.
Con esta medida, el Gobierno busca convertir activos que actualmente están bajo administración estatal en recursos para reducir las obligaciones financieras de la Nación.
La propuesta incluye un componente de reorganización patrimonial, pues la comercialización de los bienes permitiría obtener liquidez y utilizarla para disminuir el saldo de la deuda, en lugar de financiar nuevos gastos de funcionamiento.
Reforzando el mensaje
Por su parte, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, expuso algunas apuestas para el ajuste fiscal: reducir el gasto público a una escala sin precedentes recientes y reorganizar el funcionamiento del Estado para recuperar la confianza de los inversionistas y evitar una crisis de las finanzas públicas en 2027.
El planteamiento busca un compromiso de reducción del gasto público equivalente a por lo menos tres veces lo ejecutado en los años inmediatamente anteriores.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es concentrar los esfuerzos en los rubros que no generan resultados suficientes para la economía. Según explicó Restrepo, siete de cada 10 pesos del ajuste fiscal provendrían del recorte del gasto improductivo y de la eliminación de exenciones tributarias que, a su juicio, no deberían mantenerse.
Esta distribución busca mostrar que el ajuste no estaría sustentado exclusivamente en nuevos ingresos tributarios, sino principalmente en una revisión de cómo se utilizan los recursos públicos y de los beneficios fiscales que actualmente recibe la economía.
