Una carta de abril de 2026, firmada por René Guarín cuando dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia, pedía a la Registraduría el censo electoral completo. La Registraduría dijo que no. Este es el contexto de una solicitud que, según expertos, no tiene antecedentes pero sí riesgos, ¿cuáles?
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Por: redacción El Colombiano y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Durante meses, el expresidente Gustavo Petro puso en duda la transparencia del sistema electoral colombiano. Habló de un supuesto fraude, cuestionó la confiabilidad del censo y señaló presuntas irregularidades en las bases de datos de la Registraduría.
En medio de ese ambiente de desconfianza, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría hecho una solicitud que hasta ahora no tenía antecedentes conocidos: pidió la base de datos de los 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, con nombre de cédula, edad, género y lugar de votación.
La revelación es de Noticias Caracol, que tuvo acceso a una carta con fecha del 9 de abril de 2026. La Registraduría rechazó el requerimiento después de analizar los argumentos legales de la DNI y no entregó los datos.
La entidad encargada de la inteligencia del Estado pidió expresamente “el envío de información de contrainteligencia”. Dentro de lo que solicitó el censo electoral nacional vigente en archivo plano para procesarlo en los sistemas de análisis de la entidad.
Entre la información que al parecer se habría solicitado también se incluía el puesto de votación con nombre, municipio y departamento, y la confirmación de que cada ciudadano estaba habilitado para votar.
¿Por qué la DNI quería esos datos?
Es la pregunta que sigue sin respuesta completa. La razón oficial que dio la carta fue la seguridad nacional. Sin embargo, Guarín, el director de la entidad en ese momento, no ha hablado públicamente sobre el documento.
Lo que sí se sabe es que, según dicen exfuncionarios de la autoridad electoral “nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido”, como dijo el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo.
Agregó que había riesgos claros de que los datos se filtraran. Galindo calificó el episodio como un hecho inusual y dijo que nunca había conocido una solicitud parecida.

Justamente semanas anteriores a la carta estuvieron llenas de supuestas alertas de parte de la Presidencia sobre la seguridad electoral.
A finales de febrero de 2026, Petro dijo que el país estaba en “un inmenso peligro de fraude electoral”. El 5 de marzo, el registrador Hernán Penagos denunció ante la Fiscalía un presunto plan para alterar los sistemas de la Registraduría.
Y el 18 de marzo, la DNI publicó un comunicado sobre los supuestos ciberataques contra entidades del Estado que podrían llegar hasta la Registraduría.
Hay otro detalle de fechas. La solicitud llegó antes de que se cerrara el censo: la Registraduría explicó que el censo electoral definitivo, de 41.421.973 colombianos, se cerró el 30 de abril.
¿Por qué el censo electoral es reservado?
La Ley 1475 de 2011 define en su artículo 47 el censo electoral como “el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana”.
La reserva tiene tres razones principales: proteger los datos personales, proteger la intimidad y proteger la seguridad nacional.
Primero, porque el censo tiene información biográfica, de identidad y de ubicación de millones de personas. Y las leyes protegen las bases de datos que tocan la privacidad de las personas. Buscan evitar que se usen con fines comerciales, políticos no autorizados o delictivos.
Además, el Código Electoral dice que la información de identidad que guarda la Registraduría es reservada. Mantener esa base bajo custodia ayuda a prevenir la suplantación de identidad y el fraude electoral.
De hecho, según las normas electorales, la Registraduría es la responsable de custodiar, proteger y conservar esas bases. Al limitar su entrega masiva se evita que terceros manipulen o crucen de forma masiva el domicilio electoral de los ciudadanos.
Justamente la Misión de Observación Electoral (MOE) y expertos en temas electorales señalan que romper la custodia del censo podría hacer terminado en manipulación de electores, filtración de datos, compra de votos y en general constreñimiento al elector.
Los antecedentes: el ataque de Petro contra el sistema electoral
La carta de la DNI no surge de la nada. Durante meses, Petro insistió en público en que se entregaran bases de datos y en que el censo no era confiable.
El blanco principal fue Thomas Greg & Sons. Ya en 2024 Petro dijo que esa empresa “tiene toda la base de datos de la nacionalidad colombiana” y el software de escrutinio.
En febrero de 2026 le exigió a la compañía entregar toda la información de la base de datos de pasaportes y argumentó que esa base debe estar en manos del Estado.
Pero varias veces la Registraduría aseguró que el operador logístico no tiene ningún acceso a las bases de datos.
El otro pedido recurrente fue el código fuente. Petro insistió en que se entregara a todos los partidos el código completo del software de preconteo.
Después de la primera vuelta, el censo se volvió el centro de sus acusaciones. El 2 de junio, Petro afirmó, sin pruebas, que el censo pasó de 41,4 millones a 42,3 millones de votantes, una diferencia de más de 885.000 registros.
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Pidió además que el escrutinio comparara los listados de votantes con el formulario E-11 y con el censo oficial. Dos días después insistió en que el censo “fue posiblemente adicionado el 26 de mayo”.
La Registraduría respondió punto por punto. Sostuvo que el documento oficial no tuvo ninguna modificación y le pidió al entonces presidente evitar “interpretaciones imprecisas”.
La MOE también revisó la denuncia. Su directora, Alejandra Barrios, dijo que la organización hizo una verificación técnica y no encontró inconsistencias que respaldaran lo que decía Petro.
La carta de Guarín se suma a otros episodios que salieron en los documentos internos y en el informe de empalme de la DNI. Esos documentos señalan al hacker Carlos Andrés Oyola Tovar como presunto líder de una red que buscaba cambiar los resultados del 21 de junio.
Su hermano gemelo también aparece. Según los documentos, Cristian Javier Oyola Tovar entró a la Registraduría el 13 de febrero de 2026 con autorización de un correo enviado a nombre de la magistrada del CNE Fabiola Márquez (Pacto Histórico). Allí participó en una reunión sobre el software de escrutinio, la asignación de jurados y un plan de auditoría del código fuente.
Por ahora, no se conoce una investigación de fondo sobre el presunto plan para alterar resultados, y nada confirma que la DNI haya recibido algún dato del censo.
