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Fiscalía acusa a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, por corrupción en la UNGRD

La exconsejera del Gobierno de Gustavo Petro es acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

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  • Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. FOTO: ColprensaSandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. FOTO: Colprensa
  • Sandra Ortiz tenía oficina en la Casa de Nariño y una influencia nada menor. Según testimonios en el caso UNGRD, fue gracias a su intervención directa que el senador Iván Nameentonces presidente del Senado y considerado “difícil” por su postura crítica frente al Gobierno, decidió respaldar, o al menos no bloquear, las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo.
    Ortiz, quien ocupaba el cargo de consejera presidencial para las Regiones, no solo tenía acceso privilegiado al Palacio presidencial, sino que actuaba como intermediaria entre altos funcionarios y congresistas clave. De acuerdo con las declaraciones entregadas por los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su nombre figura como una pieza central en la presunta red de corrupción que habría usado contratos y favores para asegurar mayorías en el Congreso.


    “Usted tiene derecho a mentir”: la inusual declaración del magistrado de la Corte en pleno interrogatorio a Sandra Ortiz
    De ese despacho en la Casa de Nariño, Ortiz pasó a la celda de una guarnición militar. Hoy está privada de la libertad y es uno de los rostros más visibles, y comprometidos, del escándalo que sacude al Gobierno. Además de ser la única mujer de alto perfil involucrada hasta ahora, la Fiscalía la considera una ficha clave: habría sido responsable de transmitir sobornos, coordinar reuniones y organizar encuentros políticos que derivaron en delitos.
    Este jueves fue acusada formalmente ante un juez de la República. La Fiscalía la llevará a juicio por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
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    Según el expediente, Ortiz habría tenido participación directa en la entrega de un soborno por $3.000 millones al senador Iván Name. La tarea de convencerlo fue supuestamente asignada por Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia. De acuerdo con la investigación, Ortiz pudo cumplir esa misión gracias a su cercanía personal con el senador, con quien compartía militancia en la Alianza Verde. Ambos fueron expulsados de la colectividad.