Se trata del momento más importante del proceso que hasta ahora ha seguido la justicia contra el entramado del exalcalde Daniel Quintero. Testimonios y pruebas de cuatro personas dieron detalles de la olla podrida.
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Por: redacción El Colombiano y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Le llegó la hora a Miguel Quintero Calle. La investigación del saqueo al Área Metropolitana, durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero, llevó a la Fiscalía General de la Nación a llamar a audiencia de imputación a Miguel y tres personas más que, según el expediente, habrían participado de un cartel de comisiones y contratos con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
La Fiscalía radicó esta tarde el llamado a audiencia de imputación y lo hará con petición de medida de aseguramiento carcelaria, para los cuatro. Es decir, pedirá al juez que los mande a la cárcel. La razón para solicitar la privación de la libertad tiene que ver con que su hermano Daniel Quintero es hoy superintendente de Salud y podría desde ese cargo obstruir el ejercicio de la justicia.
Los otros tres imputados, además de Miguel Quintero, son Álvaro Alonso Villada García, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello, que aparece en varios escándalos de la era Quintero; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien para la época era asesora jurídica del AMVA y luego fue nombrada como secretaria de Medio Ambiente.
Según la investigación, se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos. Por esa razón y tras examinar los hallazgos, “un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, anunció la Fiscalía.
Llama la atención el nombre de Vanessa Álvarez, quien hasta ahora no había sido mencionada en los escándalos de esta Alcaldía, pero que, según pruebas recogidas, llevaba los contratos en memorias digitales a los contratistas.
La fecha de la audiencia de imputación se definirá según los tiempos de los juzgados, pero se espera que sea convocada para la próxima semana.
La Fiscalía se apoya en testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y fotografías entregados por cuatro personas que han recibido principio de oportunidad en la investigación por presunta corrupción en el AMVA, entre 2020 y 2023, específicamente por irregularidades en la contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un monto cercano a los 18.000 millones de pesos, y asimismo por los contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con un valor similar al anterior.
Cabe recordar que la Fiscalía lo vinculó el 13 de octubre de 2025. Según la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Quintero habría sido el articulador de la entrega de contratos a terceros a cambio de coimas cercanas a $3.200 millones de pesos, en un esquema con Álvaro Villada, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana.
El origen del escándalo de Miguel Quintero
La historia surge desde cuando Daniel Quintero asumió la alcaldía en 2020 y, según ha documentado EL COLOMBIANO, habría repartido las entidades de la administración para el usufructo de sus cercanos o a quienes les debía gratitud por su apoyo político.
En ese contexto, testimonios apuntan a que Miguel Quintero era el poder en la sombra detrás del poder oficial en el AMVA y quien manejaba los hilos de la contratación y sería la cabeza de todo un entramado que cobraba coimas por los contratos.
Era la misma tarea que cumplía en entidades como la EDU. En el gremio constructor se volvió vox populi que las comisiones que pedían por cada puente o vía que se construía en convenios interadministrativos del Área con los municipios eran del 20%. De esas comisiones ilegales, “el 10% era para Miguel y el resto para repartirlo” entre los demás, le dijo a EL COLOMBIANO uno de los testigos que también ha dado su versión a las autoridades. Una pregunta que se hacen quienes conocen de este tema es a cuánto pudieron ascender las “mordidas” si el presupuesto tramitado por el Área y los municipios en convenios interadministrativos llegó en esos cuatro años a $569.000 millones.
En el acervo de este expediente están las fotos reveladas en primicia por EL COLOMBIANO en las que aparece Miguel Quintero alardeando con un carro Ferrari y un reloj Rólex que, de acuerdo con testigos, habrían sido obtenidos como pago a cambio de los contratos. El vehículo tendría un costo en el mercado superior a los $1.500 millones en tanto que el Rólex oscilaría entre $70 y $200 millones.
-Positivo el día de hoy. Grandes ligas”, escribió Miguel en el grupo de chat que creó para hacer las gestiones paralelas con los recursos del AMVA.
El grupo se llamaba “Amigos”, estuvo activo desde enero de 2020 hasta marzo de 2021, y en él Miguel Quintero, Álvaro Villada y Sebastián Ortega discutían asuntos administrativos, jurídicos y financieros del AMVA, incluida la gestión de hojas de vida para cargos públicos y la resolución de trámites contractuales.
El punto de partida del caso fue un correo electrónico de febrero de 2024, enviado por un ciudadano a la Veeduría Todos por Medellín y revelado en audiencia por el fiscal anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez, en el que se señalaba a Miguel Quintero como la cabeza de toda la trama. En uno de los episodios más llamativos del expediente, una de esas coimas no se habría pagado en efectivo sino con un BMW serie 5 negro.
Y no es la única demostración “de nuevo rico” que ahora los investigadores lo pondrán a explicar. También, en los chats aparecen conversaciones en las que alardea de la finca que estaba construyendo. En estos, Miguel Quintero le dice a su interlocutor que tenía proyectado un presupuesto de $80 millones para la piscina, pero ya iba en $160 millones, y que las obras de paisajismo le valieron $30 millones cuando estaban cotizadas en $20 millones.
También surgieron chats comprometedores sobre un penthouse incautado hace 25 años en la operación “Nueva Generación” (extinción de dominio en 2012), que Quintero habría usado como punto de encuentro pese a no tener asignación formal del inmueble.
La imagen corresponde al 16 de mayo de 2020 y se le ve paseando por la inmensa área del inmueble junto con Sebastián Ortega, y comenta: “Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”.
Después manda una nota de voz en la que plantea usar el lugar como reemplazo de otro sitio de reuniones conocido como “el inmueble”.
“Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del ‘Inmueble’. Queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados”.
Ortega responde entusiasmado: “Muy muy bacano. Que sea el nuevo inmueble. ¿O ya no queremos inmueble?”. Una hipótesis es que se referían al sitio donde se reunía con su “pandilla” a acordar acciones.
Igualmente están los chats de WhatsApp en los que el hermano del exmandatario local junto con Jorge Enrique Liévano, Álvaro Villada y Ortega hablan de la necesidad de crear un comité de contratación alterno al oficial.
A partir de la tardanza en la ubicación de algunas cuotas acordadas en la entidad, en el chat, un interlocutor de Miguel le dice: “Hablale a JD (Juan David Palacio, el entonces director del AMVA). Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”.
El control de Miguel Quintero –‘la pandilla’– no solo habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), sino también en Metroparques, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Inder, y hoy tiene a varios de sus protagonistas imputados, capturados o en juicio.
La historia de Miguel Quintero
Miguel Quintero fue concejal de Medellín entre 2012 y 2015. De ahí en adelante, según decenas de testimonios recogidos por la Fiscalía, tejió una red de lealtades que se activó por completo cuando su hermano llegó a la Alcaldía en 2020. Se ha reconstruido cómo, desde el Concejo, Quintero impulsó a Juan David Palacio —hoy exdirector del AMVA e imputado— hasta ponerlo al frente de la entidad, y cómo desde ahí le daba instrucciones que, según testigos, eran acatadas sin cuestionamientos.
A los bienes ya mencionados de Miguel Quintero, que están en la mira de la Fiscalía, se suma otros para un patrimonio total que supera los $5.000 millones (ver nota anexa), al menos de los que se tienen evidencia. Una cifra que se ha contrastado con la hoja de vida de Quintero: un periodo como concejal y un paso breve como funcionario de segundo nivel en la Gobernación de Antioquia durante la administración de Luis Pérez, sin ingresos que expliquen semejante riqueza.
Bienes incautados a la red y el rastro de Quintero
En una operación de extinción de dominio contra exfuncionarios de la administración Quintero por el escándalo del Parque de las Aguas, la Fiscalía incautó 24 bienes por cerca de $3.000 millones, entre ellos un vehículo de lujo color negro azabache y una motocicleta BMW de alto cilindraje.
Se estableció que esos dos bienes figuraban a nombre de la Comercializadora JPino, ligada a Juan Alexander Pino Jaramillo, empresario vecino del barrio Tricentenario —el mismo barrio de origen de los hermanos Quintero— y señalado por la Fiscalía de tener injerencia en Estructuras Zafiro, otra de las firmas investigadas en el mismo proceso. Pino también aparece vinculado al restaurante Capital Antioqueña, un negocio que Miguel Quintero promovió públicamente en varias ocasiones.
Mientras la Fiscalía toma esta decisión contra Miguel Quintero, su hermano Daniel fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como Superintendente de Salud, lo puso al frente de una de las bolsas de recursos públicos más grandes del país.
Daniel Quintero quedó al frente de un presupuesto de funcionamiento de la entidad de más de $562 mil millones en 2026. Pero lo más grave para el país es que su despacho tiene bajo su órbita a las EPS intervenidas, que concentran 23,1 millones de afiliados —el 46% de todo el sistema— y manejan cifras de hasta $26 billones de pesos al año, por mencionar solo el ejemplo de la Nueva EPS, en 2024.
Por el caso de Bomberos, están hoy capturados Misael Cadavid, el también bombero Elkin González, y la exfuncionaria del AMVA María Yaneth Rúa, imputados por peculado por apropiación y, en el caso de Rúa, también por celebración indebida de contratos.
El proceso del AMVA continúa abierto en distintos frentes: la imputación al exdirector Juan David Palacio, la fase de juicio de los mencionados Cadavid, González y Rúa por el caso de los bomberos, y de otro lado el proceso por el Parque de las Aguas contra Villada, los exgerentes de Metroparques y varios contratistas particulares, y las indagaciones preliminares que la Fiscalía adelanta sobre el propio Miguel Quintero por su presunta injerencia irregular en la contratación pública entre 2020 y 2022.
Es decir, entre presupuesto propio y recursos de las aseguradoras que supervisa, Daniel Quintero, el hombre orquesta de lo que sería el mayor saqueo a Medellín en su historia, termina teniendo influencia directa e indirecta sobre varias decenas de billones de pesos del sistema de salud colombiano.
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