Washington responsabiliza a Petro del retroceso, pero ofrece a De la Espriella la oportunidad de devolverle a Colombia su condición de aliado serio y confiable.
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!La descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, por segundo año consecutivo, no sorprende. Es la consecuencia lógica del retroceso acumulado durante el gobierno de Gustavo Petro y, en especial en el último año, el periodo evaluado por Washington para el año fiscal 2027 y presentado al Congreso por el presidente Donald Trump. El aumento de los cultivos de coca, el debilitamiento de la estrategia de erradicación y la débil ofensiva contra redes narcoterroristas configuraron un balance que el secretario de Estado, Marco Rubio, en su reciente visita a Barranquilla, calificó de “desastroso”. Así que era de esperarse.
Esta nueva sanción contra Colombia es, ante todo, un demoledor veredicto sobre la política antinarcóticos de Petro. Trump lo deja claro: la condición de “fracaso demostrable” del país se mantiene por la incompetencia y el caos de la administración anterior, bajo la cual los cultivos ilícitos y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord. Nada nuevo bajo el sol.
La verdad es que no había forma de eludir la descertificación. Esta evaluación abarca doce meses, once de ellos bajo el Ejecutivo de Petro, cuya relación con Washington erosionó décadas de cooperación. El evidente antagonismo ideológico, las provocaciones mutuas y la falta de resultados o suficientes esfuerzos en la lucha antidrogas escribieron esta historia.
En todo caso, el mensaje del Departamento de Estado frente a la descertificación también contiene una definición política de gran alcance. Estados Unidos separa la nefasta herencia recibida del rumbo que marca el presidente Abelardo de la Espriella. Por tanto, Washington reconoce su liderazgo y lo presenta como la oportunidad para que Colombia recupere su lugar como principal aliado de seguridad en el hemisferio. De igual forma, reivindica la labor de militares, policías, fiscales y jueces, instituciones fundamentales que vuelven a tener total respaldo del mandatario en el desafío de recuperar la seguridad y el control territorial.
Ese espaldarazo explica por qué la decisión no congela la cooperación ni activa sanciones económicas. Como en 2025, Trump concedió un waiver o excepción por interés nacional. Así las cosas, el resultado técnico y jurídico se mantiene, pero el contexto político es otro y muestra a dos gobiernos decididos a reconstruir su histórica alianza. En ese sentido, la reasignación de US$52 millones de ayuda hacia Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, socios del Escudo de las Américas, anunciada horas antes de la descertificación, confirma el inicio de una era de recursos y objetivos concretos, no de aislamiento. Es el momento de avanzar.
Este voto de confianza tampoco es un cheque en blanco. Para recuperar la certificación en 2027 o incluso antes, como el propio Trump anticipa, Colombia debe redoblar sus esfuerzos, como ha hecho durante las últimas semanas, en materia de reducción de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios, operaciones de interdicción, extradiciones y desmonte de redes armadas y financieras del narcoterrorismo. Todo ello demandará que Washington haga su parte, en aras del principio de corresponsabilidad, y se definan tácticas más coordinadas y mediciones confiables. El sensible tema de la erradicación necesita una pronta resolución.
Los Acuerdos de Barranquilla trazaron la ruta para elevar la cooperación bilateral a un rango sin precedentes. Ahora el presidente De la Espriella debe convertir el respaldo de Trump en resultados a favor de Colombia ante la crisis de drogas ilícitas en la que estamos inmersos.
También es la ocasión para demostrar que nuestro país puede volver a ser un aliado serio y eficaz. Sin duda, la descertificación es la última factura de una política fracasada con nombre propio; levantarla debe ser una prioridad nacional y la primera gran prueba de la renovada alianza bilateral. Porque más allá del evidente tema de la ayuda militar, al que se asocia la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, aparecen la confianza y la credibilidad de una nación que busca aumentar la cooperación con su principal inversionista y socio comercial.
El Heraldo