¿Cuáles son los cambios en la justicia tras la aprobación de la Ley de Sometimiento? Esto viene ahora
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!El Congreso de la República aprobó la política del presidente Abelardo De la Espriella contra las estructuras criminales y los grupos armados, que desmontaría la Paz Total de Petro.
Por: redacción El Heraldo y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La plenaria del Senado de la República aprobó el pasado martes la Ley de Sometimiento del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella con 57 votos a favor y 24 en contra.
Dicha ley busca establecer un marco jurídico para desmantelar estructuras criminales y grupos armados al margen de la ley para que se entreguen y colaboren con la justicia a cambio de beneficios penales, pero sin concesiones políticas.
Cabe señalar que durante la discusión en el Senado se introdujeron varios ajustes al articulado, que luego fueron refrendados por la Cámara, con modificaciones relacionadas con las penas, las condiciones para acceder al tratamiento penal diferenciado, la responsabilidad de los cabecillas y las obligaciones institucionales que implica la implementación de este mecanismo.
Asimismo, la Cámara de Representantes votó a favor de la Ley de Sometimiento con 95 “Sí” y 10 votos por el “No”. Ambas corporaciones votaron el mismo texto, por lo que se evitó una conciliación.
La norma establece condiciones para el sometimiento individual o colectivo a la justicia. Propone reducciones de pena de hasta un 30% para mandos o jefes de estructuras criminales, y de hasta un 50% para los demás integrantes.
Es de precisar, que la Ley de Sometimiento tiene una duración fijada de 4 años y prorroga herramientas clave como la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997).
Principales cambios y puntos clave de la ley
Fin de las negociaciones políticas: Se elimina la posibilidad de entablar negociaciones políticas o conceder estatus político a estructuras armadas ilegales o bandas de crimen organizado de alto impacto.
Penas mínimas: El proyecto establece penas mínimas de 10 años para cabecillas y condenas estrictas restrictivas de la libertad (con alternativas de reclusión controladas por el INPEC, como granjas agrícolas). No habrá excarcelaciones rápidas.
Sometimiento a la justicia ordinaria: Los integrantes de estas organizaciones deben acogerse a las reglas de la justicia penal ordinaria, sin la creación de tribunales o jurisdicciones especiales como la JEP.
Sin suspensión de extradición ni órdenes de captura previas: No se suspenden las órdenes de captura ni los trámites de extradición para quienes no cumplan de manera estricta con los requisitos; los infractores son expulsados a la justicia ordinaria
Requisitos y entrega de bienes: Los implicados están obligados a entregar el inventario absoluto de bienes y dineros ilícitos (sin retención de porcentajes de capital ilegal) y colaborar con información sobre rutas de narcotráfico, cabecillas o laboratorios de droga para acceder a beneficios como libertad condicional (con límite de 6 años).
Exclusión de responsables de reclutamiento de menores: La nueva ley establece que no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento ilícito de menores o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Mayores exigencias para los condenados por lavado de activos: Una de las modificaciones está relacionada con las condiciones para acceder a los beneficios judiciales en casos de lavado de activos. El tiempo mínimo de pena que deberá cumplirse pasó de uno a seis años, aumentando las exigencias para quienes busquen acogerse al mecanismo de sometimiento.
Eliminación de gastos reservados del FONSECON: Otro de los cambios aprobados fue retirar la disposición que contemplaba el uso de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), un mecanismo que había generado discusión durante el trámite legislativo.